El compromiso de lucha frontal frente a la violencia contra la mujer, asumido públicamente por autoridades de distinto nivel en nuestro país, todavía no sirve para acabar con un flagelo que sigue minando la autoestima de madres, hijas, hermanas en todos los rincones del Perú, si es que antes no las mata.
Las denuncias de la periodista Lorena Álvarez contra el economista Juan Mendoza, por agresión física y psicológica, y de la congresista Paloma Noceda contra su colega Luis López por tocamientos indebidos confirman que la violencia no hace distinciones, no tiene que ver con los ingresos, el credo, la educación ni el lugar de origen de las víctimas. Está en casa como en el trabajo, en el centro de estudios como en la calle.
Álvarez y Noceda son profesionales jóvenes y exitosas, unidas por el dolor que provoca la agresión, por el valor y la fuerza que tuvieron que encontrar para denunciar, pero también por la impotencia y la frustración de no recibir el respaldo efectivo de quienes están llamados a hacerles justicia.
En el caso de Álvarez, por una Fiscalía que tardó 14 meses en formalizar denuncia penal y una jueza que con su inacción permitió la “huida” de Mendoza al extranjero. En el caso de Noceda, por el malentendido espíritu de cuerpo de algunos parlamentarios que pusieron en tela de juicio su testimonio y hasta la acusaron de “hacerle daño” al autor de la tropelía; aunque este lunes la Comisión de Ética podría reivindicarla aprobando el preinforme que recomienda suspender al agresor por 120 días.
Si Lorena y Paloma, siendo mujeres destacadas y con acceso a los medios de comunicación, ven sus casos amenazados por la impunidad, ¿cuál será el destino de esas más de 120 mil mujeres que denunciaron agresiones el año pasado ante los Centros de Emergencia Mujer de todo el país?
El presidente Vizcarra ha anunciado que se sancionará a los comisarios que no reciban las denuncias. Pero eso no basta. El Ministerio Público y el Poder Judicial deben cumplir con su parte. Y si no se instruye desde las escuelas sobre igualdad de género o no se implementan políticas de salud mental en la población, nada cambiará.
La violencia seguirá arreciando y la cifra de 14 feminicidios en lo que va del año seguirá aumentando. Lo ha dicho ayer el designado arzobispo de Lima, Carlos Castillo. Hay que sancionar, investigar, pero, sobre todo, “cambiar las bases que lo permiten”. Mientras tanto, #NosEstánMatando seguirá siendo un grito ahogado en la indiferencia.
