El último sábado, el suboficial PNP Ayrton Abanto, en completo estado de ebriedad, mató a balazos a Pedro Huamán Silva, un humilde cobrador de combi con el que estaba tomando unos vasos de cerveza en La Esperanza, un barrio popular en la ciudad de Trujillo. Como era de esperarse, el suboficial Abanto fue detenido por el asesinato de Pedro Huamán, pero, contra todo pronóstico, fue liberado horas después, pese a confesar su crimen.
La indignación de los familiares de la víctima no contrasta demasiado con la que sienten los familiares del suboficial PNP Elvis Miranda Rojas, acusado de homicidio y enviado por un juez de Piura siete meses a prisión de manera preventiva, por abatir a un delincuente en medio de un operativo policial.
El criterio y la moral no siempre acompañan a jueces y fiscales cuando se trata de sancionar delitos comunes en las regiones de nuestro país. El suboficial Abanto disparó, a boca de jarro, en la cabeza de Pedro Huamán; sin embargo, el fiscal de Trujillo, Manuel Utano Zevallos, no encontró razones para solicitar prisión preventiva para el homicida. De acuerdo con Utano, solo era necesario pedir comparecencia con restricciones porque el efectivo policial disparó involuntariamente a su víctima. “Al no existir enemistad manifiesta con el occiso, se trataría entonces de una conducta accidental o fortuita”, sostiene el fiscal en su resolución.
La hipótesis de una conducta accidental es inaceptable, un policía que dispara a un ciudadano bajo los efectos del alcohol no tiene atenuantes. Bajo ese criterio, un hombre que golpea y abusa de una mujer estando ebrio no podría ser denunciado. Un conductor que atropella y mata a un transeúnte, porque manejaba borracho, tampoco podría ser procesado. La responsabilidad del suboficial PNP Ayrton Abanto es innegable.
Mientras el suboficial Abanto se encuentra libre, el suboficial Elvis Miranda está en la cárcel. Abanto disparó borracho contra un cobrador de combi, Miranda se enfrentó con valentía a un delincuente con antecedentes por robo que intentó darse a la fuga en una escena de crimen. En Trujillo, los fiscales son venales y permisivos; en Piura, los jueces protegen a los delincuentes. La justicia al revés, de cabeza, hasta las patas. ¿Hasta cuándo?