(Foto: Procuraduría General de la República)
(Foto: Procuraduría General de la República)

Aunque parezca paradójico, la Procuradora General de la República, María Caruajulca, viene haciendo noticia en los últimos días por estarse quietecita y en silencio.

Es decir, todo lo contrario de lo que se esperaría de una procuradora en tiempos tan tumultuosos como los de la gestión de Pedro Castillo y los ruidosos escándalos de coimas, fraudulencias varias y designaciones irresponsables –por decir lo menos– en cargos estratégicos del Estado.

A estas alturas del Gobierno, cualquiera de sus antecesores ya habría interpuesto denuncias o levantado la voz para reclamar acciones contra altos funcionarios investigados por corrupción. Con ella, en cambio, sucede todo lo contrario. Boca callada, orejas tapadas y ojos cerrados, pareciera ser su lema. Sin embargo, pese a su voluntad de ‘pasar piola’ y mantenerse en el cargo a como dé lugar, salió del anonimato por dos episodios que denotan claramente de qué lado sopla el viento en su oficina.

Primero la venganza que ha emprendido contra el procurador del MTC, David Ortiz, luego de que este confirmara en Perú21 hechos narrados en uno de los audios difundidos entre Zamir Villaverde y Juan Silva, extitular del MTC y ahora prófugo de la justicia.

Ortiz, en efecto, declaró en esa oportunidad que el arbitraje para unas obras que se realizaban en Puno, y al que aludían los integrantes de esa mafia, se discutía en ese entonces en su sector. Y desde entonces, la doctora Caruajulca no ha cejado en sus intentos de echar a Ortiz del cargo en un ministerio que, justamente, necesita toda la atención de la Procuraduría.

El Consejo Directivo de la Procuraduría General lleva ya tres sesiones en las que el único punto en agenda es la salida del referido procurador, tema que Caruajulca sigue empujando con inusual pertinacia. El segundo episodio por el que se ha hecho tristemente célebre la procuradora fue su silencio cómplice durante los interrogatorios fiscales a Pedro Castillo, del cual dimos cuenta también en este diario.

Entonces, ¿al servicio de quién trabaja en verdad esta abogada? ¿Del Estado o del Gobierno? La procuradora depende del Ministerio de Justicia. Hacia ese ministro debe dirigirse entonces una interpelación en el Congreso para que responda por su vergonzoso nombramiento y su incapacidad de defender al Estado.