Contrarreforma non sancta

El Poder Judicial ha corregido al Legislativo y el Perú debe agradecerlo. Como se sabe, gracias a una alianza de intereses oscuros que alineó en feliz contubernio a parlamentarios de sinos ideológicos opuestos –Renovación Popular, Fuerza Popular y Perú Libre–, el Congreso decidió resucitar a las llamadas “universidades bamba”.

Lo dispusieron así los parlamentarios coludidos en la aprobación, por insistencia, de una ley que debilita notoriamente el rol fiscalizador de la Sunedu, maniatando a la institución dentro de un esquema calcado del que regía la antigua y fracasada Asamblea Nacional de Rectores. Un modelo bajo el cual los dueños de las universidades eran juez y parte en las certificaciones que (a gusto del cliente) repartían entre ellos.

La jueza Milagros Grajeda declaró nulo el procedimiento legislativo, al considerar que el Parlamento incumplió con dos sentencias del Tribunal Constitucional. El fallo podrá ser polémico en términos escolásticos, pero, al margen de los cuestionamientos sobre la competencia de un poder del Estado sobre otro, la valiente decisión judicial debería abrir los ojos a estos congresistas, más amigos de los negocios turbios que de la educación en el Perú.

No se puede avasallar a instituciones que trabajan para mejorar las condiciones en que estudian nuestros jóvenes, así como la calidad de los profesionales que egresarán de esas aulas, con la prepotencia de alianzas parlamentarias basadas no en la razón sino en los intereses –puramente pecuniarios– de quienes trafican y medran con el futuro de la juventud peruana.

En su momento, las universidades más serias del país rechazaron la decisión del Congreso al considerar que se trataba de un retroceso flagrante para la educación universitaria. Y no se les escuchó. Tampoco al Consejo Nacional de Educación, la Defensoría del Pueblo, ni a los especialistas y pedagogos que se sumaron al rechazo del proyecto de ley. Y mucho menos se tuvieron en cuenta las dos sentencias del TC, sólidas y claras, sobre la constitucionalidad de la Ley Universitaria 30220 que este grupo de legisladores pretende echarse abajo.

Los únicos beneficiados con la contrarreforma promovida desde la Plaza Bolívar serían los propietarios de las empresas a las que la Sunedu negó el licenciamiento debido al pobrísimo nivel académico de sus universidades. Para esto no fueron elegidos, señores congresistas: debería darles vergüenza.