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Congresista Urtecho a un paso del desafuero

Subgrupo votará mañana informe final que recomendaría su destitución e inhabilitación.

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Fecha Actualización
Las cartas están echadas. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso someterá mañana a votación el informe final sobre la denuncia contra el suspendido legislador Michael Urtecho por infracción a la Constitución y supuesta comisión de diez ilícitos penales derivados del recorte de haberes a sus trabajadores, apropiación indebida de sillas de ruedas para discapacitados y un supuesto desbalance patrimonial.

Fuentes legislativas revelaron a Perú21 que el informe de la subcomisión –que preside Marco Falconí– recomendaría el desafuero del congresista, que ayer se presentó ante el citado grupo de trabajo para dar sus descargos.

Acompañado de su abogado, Urtecho –trascendió– solo asumió su responsabilidad por el recorte de sueldos a sus trabajadores, pero rechazó enfáticamente los cargos de apropiación ilícita para delinquir y enriquecimiento ilícito, que podrían implicar a su esposa Claudia Gonzales. Además, acusó a la prensa de haber magnificado los hechos. Para sustentar su postura presentó una serie de documentos, entre ellos una pericia contable de parte.

SANCIÓN MÁXIMASi bien parte de la sesión se desarrolló en estricta reserva, por tratarse de temas de índole penal, el último tramo de la reunión fue pública. Allí, el presidente de la Comisión de Ética, Humberto Lay, fundamentó su denuncia contra Urtecho por presunta infracción de la Carta Magna.

Fue una argumentación severa e indignada la que hizo Lay, quien acusó a Urtecho de haber recortado los sueldos, gratificaciones, asignaciones por escolaridad y alimentación de sus trabajadores con lo cual –dijo– "afectó y menospreció su dignidad y presentó al Congreso como un patrón abusivo e injusto".

Por estas consideraciones, el legislador demandó que se le aplique a su colega la máxima sanción contemplada en la Constitución, lo que implicaría su destitución e inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por diez años.

SABÍA QUE

- Edward Álvarez, abogado de Urtecho, alegó que no es posible sancionar la infracción constitucional porque no está tipificada. Con este argumento buscaría evitar el desafuero.

- Marisol Pérez Tello replicó que, a falta de tipicidad, hay conductas de vida que se exigen y que en este caso han sido vulneradas por Urtecho.

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