Con un pie afuera

En un sorpresivo anuncio ­–en medio de la borrasca que actualmente envuelve al Ministerio Público y, en general, al sistema de justicia del país– el Tribunal Constitucional dispuso remitir a un juzgado su decisión de restablecer la figura del indulto humanitario para Alberto Fujimori.

Es decir, confirmó la sentencia que declaró fundado el recurso de habeas corpus presentado en marzo de 2022 y que su defensa ha entendido como una “decisión final” y “jurídicamente válida”, ante la que “no cabe impugnación alguna”.

Un fallo, el del TC, que ciertamente abre las puertas para la liberación de Fujimori, puesto que se dirige al juez de ejecución del habeas corpus, “a fin de que proceda conforme a sus atribuciones”.

Recordemos que en 2009, luego de lograrse su extradición, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión, en calidad de “autor mediato” de los homicidios de Barrios Altos y La Cantuta. Crímenes contra los Derechos Humanos que se sumaron a otros procesos ante los que se declaró culpable y a otros que están abiertos esperando la ampliación de extradición.

Sin embargo, en diciembre de 2017, el entonces presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski –culminando una serie de pactos políticos para poder lidiar con la encarnizada oposición que el partido naranja presentaba a su gobierno– le otorgó un indulto humanitario, alegando su resquebrajado estado de salud. Una decisión que, según no pocos observadores, terminó, a la larga, costándole la presidencia a PPK.

Al año siguiente el indulto fue anulado por el Poder Judicial, con lo que Fujimori se vio obligado a retornar a la prisión presidencial del fundo Barbadillo, donde hasta hoy ha estado cumpliendo sentencia junto a otros exmandatarios peruanos.

El ministro de Justicia, Eduardo Arana, ha sido extremadamente cauteloso al momento de evaluar la medida, recordando, que convenía “tomar en cuenta que, en proceso de supervisión, la Corte IDH ordenó al Estado peruano que se abstuviera de ejecutar cualquier indulto”; pero la noche de ayer el ministerio de Justicia confirmó que el Gobierno acatará la disposición del juez de Ica.

Lo real es que, respetando obviamente el debido proceso y actuando de acuerdo a ley, las instancias gubernamentales poco tienen ya que argumentar ante el fallo de los jurisletrados del TC. Y mal no le hará a nuestra democracia que el octogenario emblema político de Fuerza Popular recobre su libertad si así lo dispone la ley.

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