En la víspera del sábado anterior, en el archipiélago africano de Cabo Verde, ocurrió la detención de Alex Saab. El testaferro de Nicolás Maduro, acusado de encabezar y articular los negocios con los que el dictador y sus tres hijastros se forran los bolsillos a costa del hambre en que tienen sumido al pueblo venezolano, volaba de Rusia a Irán y aterrizó en Cabo Verde para abastecerse de gasolina, cuando la Interpol intervino su aeronave.
La captura impidió que Saab cumpliera la última misión que Maduro le había encargado: concretar un acuerdo de intercambio de oro venezolano contra aditivos de combustible producidos por Irán.
Alex Nain Saab Morán es colombiano, nació en Barranquilla hace 47 años y la justicia de su país lo busca por hacer exportaciones e importaciones ficticias a través de una empresa textil con la que defraudó cuantiosamente al fisco colombiano entre 1998 y 2016. Hace un par de años, la Fiscalía colombiana le embargó bienes por más de 10 millones de dólares y ahora les pide a las autoridades de Cabo Verde que se lo remitan para juzgarlo.
Pero a Saab no solo lo buscan los colombianos. La justicia de los EE.UU. ha solicitado también su extradición: él y los hijastros de Maduro introdujeron dineros ilícitos en distintas cuentas bancarias en ese país y compraron enormes propiedades. Y aunque ahora todos esos bienes y activos están congelados, el Departamento del Tesoro lo requiere para procesarlo.
La tesis del fisco estadounidense es que Saab lavó en su país hasta 350 millones de dólares, que defraudó al sistema cambiario de Venezuela en complicidad con los más altos mandos de la dictadura. Y que a ese dinero sumó el que obtuvo, en complicidad con Maduro, a partir de la red de corrupción que opera el programa de alimentos para los venezolanos más pobres, CLAP o “Gran Misión de Abastecimiento Soberano y Seguro”, creado en los días de Hugo Chávez para importar alimentos a Venezuela. Claro que, desde empresas creadas por ellos mismos, basadas en países amigos y aplicando siempre grandes sobreprecios.
Para tamaña bajeza, Saab abrió sucursales de Group Grand Limited, una fachada para las fechorías del régimen chavista en Turquía y México.
La participación de Saab en esta corrupción a gran escala, en la que también trafica con el oro venezolano, la denunció en 2017 la exfiscal venezolana Luisa Ortega, perseguida ahora por la dictadura de Maduro.
Por supuesto, el régimen chavista ha puesto el grito en el cielo y ha demandado la inmediata liberación de Saab, a quien su Cancillería califica como un “agente de su gobierno que goza de inmunidad diplomática”.
Esta es, pues, una historia tremendamente cierta. Es la misma que se repetiría en el Perú si en las próximas elecciones ganara un partido chavista o reivindicativo del socialismo del siglo XXI.
Se presentan con nombres inocuos y usan símbolos de casitas y flores, pero junto a cada uno de sus líderes hay un Saab listo para usar a los pobres.