El caso Toledo está en cuenta regresiva en el Congreso

ACORRALADO. En tres semanas la Comisión de Fiscalización emitirá su informe final, pero parte del contenido de un documento preliminar del tema señala que la procedencia de los fondos sigue siendo una incógnita.

Redacción PERÚ21

Fecha Actualización

26/08/2019 - 06:41

La investigación que realiza la Comisión de Fiscalización sobre el caso de las adquisiciones inmobiliarias de Eva Fernenbug, suegra del expresidente Alejandro Toledo, se encuentra en la etapa final.

Ayer ese grupo de trabajo terminó de recoger las declaraciones de testigos e investigados respecto a ese tema que, además, se encuentra bajo indagación en dos fiscalías de Lima, así como en San José (Costa Rica).

En la sesión de ayer se presentó el abogado Julio Mazuelos, representante legal de Josef Maiman, empresario peruano israelí que se atribuye ser el dueño de los más de US$5 millones utilizados en las compras de propiedades que efectuó Fernenbug, durante el año 2012, en zonas exclusivas de Lima.

El defensor de Maiman reiteró que su cliente hizo esas operaciones inmobiliarias como parte de la inversión de su capital, y que estas se realizaron de manera lícita a través de sus empresas, constituidas en Panamá y en Costa Rica.

Luego, el titular de la Comisión de Fiscalización, Vicente Zeballos (SN), indicó que Eva Fernenbug ya no volverá a ser citada y que se considerará el testimonio que ella brindó –por escrito– ante la 48 Fiscalía Penal, que la investiga por lavado de activos.

ORIGEN DESCONOCIDODe otro lado, ayer trascendió que el mencionado grupo congresal había elaborado los lineamientos de un informe preliminar sobre el caso de Alejandro Toledo.

Algunas partes del contenido de ese documento de trabajo –difundidas ayer por el portal web de El Comercio– señalan que hasta la fecha Josef Maiman no ha acreditado, de forma documental, el origen de los fondos transferidos por la compañía costarricense Ecoteva a la suegra de Toledo para la adquisición de predios en la capital peruana.

Como se recuerda, Maiman –amigo y empleador de Alejandro Toledo– sostuvo ante la fiscalía que los millones de dólares utilizados en las operaciones inmobiliarias proceden de la firma panameña Confiado International Corp., que el empresario afirma que le pertenece.

Pero lo extraño del caso es que el nombre de Josef Maiman no figura en el registro de la constitución de esa compañía. En su lugar aparecen como 'directores' tres empresas, las cuales fueron creadas en los paraísos fiscales de Belice y Bahamas, tal como lo revelara Perú21, el 24 de octubre último.

En el informe preliminar se señala que el empresario "no presentó los reportes de las transferencias bancarias desde Confiado hacia Milan Ecotech y Ecostate (firmas costarricenses relacionadas a Maiman)".

De acuerdo con el reporte –citado por El Comercio– el amigo de Toledo tampoco presentó la documentación que sustente la administración de Confiado y, en tal sentido, esta situación "desvirtúa" su legalidad.

En el documento de la Comisión de Fiscalización se agrega que hay una inconsistencia en la fecha del inicio de las transferencias, pues el reporte de un administrador establece que fue en febrero de 2007, mientras que la entidad bancaria –de Costa Rica– informó que esto ocurrió el año siguiente, o sea el 2008.

Respecto a la compra de los predios, en Las Casuarinas y en la Torre Omega, se apunta: "muestran indicios razonables con características compatibles o tipologías que se suelen utilizar para ocultar el origen legal del dinero".

Por su parte, Perú Posible denunció que la difusión de ese documento confirmaría que "el dictamen legal del caso fue tercerizado, encargando su elaboración a empresas ajenas al Congreso y con el claro objetivo de atacar a Toledo".

El legislador José León añadió que aún no se habían escuchado los alegatos de los abogados de los investigados.

TENGA EN CUENTA

- El congresista Vicente Zeballos dijo –a Perú21– que la próxima semana empezará a preparar el proyecto de informe final respecto al caso Toledo, el cual estaría listo en la primera semana de enero próximo.

- El presidente de Fiscalización anotó que en la quincena de enero, los miembros de la comisión deberían votar el documento con las conclusiones finales del caso. Luego, sería presentado ante la Comisión Permanente.

- Zeballos y otros parlamentarios de Fiscalización aseguraron que no saben del preinforme divulgado.

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