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Redacción PERÚ21

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José Crettaz,Uso de la palabraPeriodista argentino y docente universitario

Desde que era un simple alcalde en Río Gallegos, capital de la austral, despoblada y lejana Santa Cruz, en la Patagonia, y mucho antes de ser presidente, Néstor Kirchner manejó su relación con los periodistas y los medios de comunicación con la misma receta: al que pudo comprar, lo compró por medio del dinero destinado a la publicidad de gobierno; al que no necesitaba de esos recursos porque tenía audiencia y anunciantes genuinos, lo hostigó regulatoria e impositivamente para mantenerlo dentro de "su proyecto"; y al que no se dejó a una ni a otra cosa, lo persiguió hasta eliminarlo. "El Amo del Feudo", un pequeño libro casi olvidado, publicado en marzo de 2003, narra aquella prehistoria con ejemplos descarnados.

Así se manejaron años después Néstor Kirchner, y luego su esposa Cristina Fernández, desde el máximo poder político de la Argentina. Especialmente después de 2005 comienza a desplegar el mismo mecanismo en todo el país.

La facción más recalcitrante del kirchnerismo, liderada en las sombras por Máximo, el enigmático hijo del matrimonio, se adueñó de los medios de comunicación estatales (Radio y Televisión Argentina y la agencia estatal Telam, entre otros) y de la distribución de la publicidad oficial, con la que montó una extensa y costosa red de medios privados adictos en manos de empresarios amigos de la vida o circunstanciales oportunistas. A la inversa, retiró la pauta de los medios críticos, que fueron a la Justicia y obtuvieron varios fallos favorables aún incumplidos por el Estado, como el logrado por la Editorial Perfil. El Gobierno llegó incluso a prohibir a las cadenas de supermercados y electrodomésticos pautar en medios privados, sobre los que aplicó lo que se conoció como "cepo publicitario" con el fin de fundirlos.

En 2009, el kirchnerismo puso en la mira a los medios audiovisuales, especialmente al Grupo Clarín y sancionó la polémica ley de medios, sobre la cual se extendió una larga disputa judicial que la Corte Suprema resolvió en favor del Gobierno en octubre de 2013. Con esa norma, de escaso consenso y rápido trámite parlamentario, todas las televisoras abiertas, los sistemas de TV paga y las emisoras de radio quedaron en debilidad regulatoria. Esas irregularidades verdaderas espadas de Damocles son utilizadas ahora por el Gobierno para mantener a raya lo que en Argentina se conoce como "el relato". Es decir, la versión oficial de la realidad, edulcorada o directamente falsa. Aquella ley, que prometía "multiplicar las voces" y "democratizar la comunicación", sólo derivó en la mayor concentración de medios de la historia argentina reciente.

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