La solicitud del expresidente Fujimori al Congreso sobre una pensión vitalicia, combustible, asistente y seguridad que debería recibir no es la única que sorprende en estos tiempos. Igual lo ha hecho el golpista Pedro Castillo y antes un expresidente que duró apenas 5 días.
En lo que respecta a Fujimori, llama la atención el simplismo con que la bancada de Fuerza Popular respalda el requerimiento de su figura patriarcal: que “derrotó a SL y el MRTA y a la hiperinflación…” (pasando por alto, desde luego, que al mismo tiempo cometía graves delitos en complicidad con su siniestro asesor, Vladimiro Montesinos). Una sustentación meliflua que, por cierto, es más cercana a la untuosidad de la propaganda electoral que a una argumentación sólida.
Se amparan en una ley promulgada en su gobierno, pero que ella misma establece una excepción clara para recibir esa pensión: cuando pesa sobre los solicitantes una acusación constitucional, salvo que la sentencia judicial los declare inocentes.
Lo cual, en este caso, no ha ocurrido, pues el indulto que se le otorgó por razones humanitarias de ninguna manera borra sus delitos. Y el procurador general del Estado, Javier Pacheco, recordó además que Alberto Fujimori no ha cumplido con pagar la reparación civil por los tres casos en los que fue sentenciado.
“Él fue sentenciado por siete casos, entre los cuales tres están vinculados a corrupción. Se le impuso una reparación de 27 millones de soles, cuyos intereses suman ahora 57 millones de soles, de los cuales no ha pagado ni un sol” aclaró el procurador.
Aun así, con la errática línea de conducta de este Congreso, y las correlaciones entre bancadas, todo puede ocurrir y a nadie extrañaría que le terminaran concediendo la dichosa pensión, lo cual no sería más que otra mancha al otorongo, un nuevo escándalo a que nos tienen acostumbrados estos legisladores.
Del pedido del presidente por cinco días y el del golpista convicto y confeso, la verdad, merecerían solo una risotada por comentario, si no estuviéramos en el Perú.
Es el colmo que exmandatarios comprometidos con graves delitos –al menos Fujimori y Castillo– tengan la desfachatez de pretender acogerse a los beneficios de los altos cargos que desempeñaron. Sobre todo porque al final los deshonraron al punto de terminar apresados al quedar al descubierto.
Un poco de ética y de sangre en la cara, por favor.