Adelantos y retrasos

La propuesta del presidente Martín Vizcarra de modificar excepcionalmente los actuales plazos de los mandatos presidencial y parlamentario para adelantarlos un año ¿es válida? ¿Conviene?

A lo primero, la respuesta es un rotundo sí. A diferencia de disolver el Congreso tras “dar por no otorgada la confianza” (que suponía arrogarse una capacidad interpretativa no reconocida en la Constitución), no hay duda de que el presidente puede proponer reformas constitucionales al Congreso. Proponer, no imponer. Cualquier reforma. Las únicas reformas prohibidas —para él, el Congreso y la iniciativa popular– son las que reducen derechos fundamentales; y no es el caso. Pero aun el artículo constitucional que lo prohíbe se puede modificar.

Tampoco es cierto que la propuesta contenga una aplicación retroactiva. Se aplicaría de inmediato, pero a los plazos que vienen corriendo. Retroactiva sería si pretendiera aplicarse a plazos vencidos. Sobre esto, recomiendo revisar el voto del fallecido ex magistrado del TC Manuel Aguirre Roca en la sentencia sobre la re-reelección de Alberto Fujimori.

Más difícil es responder si conviene o no este adelanto electoral. Económicamente, la alternativa no pintaba mucho mejor: con ese Congreso, la inestabilidad y el estancamiento hubieran durado hasta 2021 de cualquier forma. Políticamente es malo que no se pueda aplicar las reformas políticas en 2020, y los elegidos hasta 2025 lo sean bajo los vicios de siempre, con el agravante de ser todos novatos porque no hay reelección. Además se abre la caja de Pandora de si esto favorece el hartazgo ciudadano con la clase política y propicia que se elija a un “antisistema” (de izquierda o derecha). Pero no sé si hay más riesgo de eso en 2020 que en 2021.