Los agoreros del acuerdo con Odebrecht han vuelto recargados. La revelación del Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ), que destapa sobornos hasta por US$3 millones en el Gasoducto Sur Peruano —algo que no se incluyó en el trato entre la Fiscalía y los brasileños, pero que se podrá incorporar—, les ha hecho recobrar fuerzas en su incansable lucha contra las revelaciones que están liquidando a casi todos los políticos. Su falsa premisa para denostar el acuerdo es que, como la constructora no confesó estas coimas, entonces el documento debe ir directo a la trituradora y, acto seguido, se debe procesar a los fiscales que lo gestaron. Ellos son la obsesión de los agoreros; sueñan con que las investigaciones se paralicen.
Lo que no dicen es que el caso Gasoducto está en el Poder Judicial hace buen tiempo. La Fiscalía Anticorrupción acusó en el año 2017 a Edgard Ramírez Cadenillas por colusión agravada. El proceso no avanza, es cierto, porque no se incluye a Odebrecht como tercero responsable. ¿Esto hace, entonces, espurio, lesivo e inválido el acuerdo? En absoluto. Podremos concordar en que se pudo conseguir una cifra mayor para la reparación, pero la evidencia que entrega el documento tiene un valor incalculable para procesar a quienes, a cambio de votos, estafaron a los peruanos al haberse vendido por millones a Odebrecht.
La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), un órgano que depende de la PCM, ha pedido que el acuerdo se haga público. Quizá por apremio, o temerosos por el ruido de los agoreros, la CAN le pide erróneamente a la Fiscalía que ventile los detalles del convenio. A decir verdad, es al Poder Judicial al que le corresponde publicarlo. Que lo hagan. Su solidez está consiguiendo lo que nadie imaginó; procesar a los que se enriquecieron gobernando el país.