El Ejecutivo ha presentado un pedido de facultades para legislar en materias tan diversas como sus múltiples problemas, entre ellas la tributaria. Y, para empezar lo que se está planteando en este rubro es cargar de impuestos al consumo de algunos productos y servicios.
Como reseñamos en una nota de portada hace unos días, los contribuyentes asumirían esta nueva carga impositiva sin rabiar si la recaudación por estos conceptos, como la que se hace en general por todos los tributos, tuviera un buen destino, es decir, generar bienestar social y obras de desarrollo. Eso, diríase en un mundo perfecto… que no es precisamente el que nos rodea.
De hecho, lo que se ve en los últimos años es que el gasto corriente destinado a engordar a toda la burocracia sigue cuesta arriba. Nos referimos a planillas doradas que en la mayoría de los casos no ameritan y más bien avergonzarían a cualquiera frente a la situación de pobreza que se ha precipitado hasta el 30% de la población del Perú.
Y mientras tanto, el presupuesto para inversión se va contrayendo silenciosamente y una cantidad todavía indeterminada de miles de millones de esa partida presupuestal termina, encima, en las cuentas de la corrupción.
Se trata, por supuesto de una simplificación, pero por desgracia la realidad le queda demasiado cerca a la imagen que se hace la gente de lo que sucede con estos tributos que parecen no retornar jamás, al menos, en coberturas y servicios básicos que mejoren la calidad de vida de la población.
Es muy fácil apretar al contribuyente cuando se necesita equilibrar las arcas fiscales –más aún en un contexto en el que las metas sobre los déficits no se están cumpliendo– y presentar buena cara a los organismos financieros internacionales, pero el elefante en la habitación es clarísimo: 8 de cada 10 peruanos no son parte del sistema formal laboral ni tributario.
Adicionalmente, como indica el Instituto Peruano de Economía, una cuarta parte de las leyes aprobadas por el Congreso entre 2020 y 2024 fueron por insistencia y representan un gasto adicional para el Estado, afectando justamente el equilibrio fiscal que el Ejecutivo busca remendar con mocos y babas.
El recurseo de exprimir al contribuyente no es más que otra muestra de la improvisación y la baja capacidad técnica que rodean a todas o casi todas las decisiones de este Gobierno.
