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La mayoría accionaria de la televisora Globovisión, muy crítica con el Gobierno venezolano, será vendida a un empresario del sector bancario y asegurador luego de las elecciones presidenciales del 14 de abril, debido a que presiones políticas y judiciales la hicieron "inviable" económicamente, informaron este lunes sus propietarios.
"Hay una oferta de compra formal" y "una intención obligada de venta", dijo el vicepresidente de Globovisión, Carlos Zuloaga, en una reunión con trabajadores del canal.
En una carta publicada más tarde en su sitio web, el presidente de la televisora, Guillermo Zuloaga, detalló los motivos de esta decisión.
"Somos inviables económicamente porque nuestros ingresos ya no cubren nuestras necesidades de caja. (…) Somos inviables políticamente porque estamos en un país totalmente polarizado y del lado contrario de un Gobierno todopoderoso que quiere vernos fracasar. Somos inviables jurídicamente porque tenemos una concesión que termina y no hay actitud de renovárnosla", escribió.
"Ante esta situación de inviabilidad", dijo Zuloaga, el empresario Juan Domingo Cordero "me hizo una proposición, que sin ser lo que los accionistas hubiéramos aspirado, me vi obligado a aceptarla".
Cordero es un economista y empresario ligado al negocio bursátil, bancario y asegurador. Fue presidente de la Bolsa de Valores de Caracas (1989-1993) y desde 2008 es el principal accionista de Seguros La Vitalicia.
Según un trabajador que habló con AP, el comprador se ha presentado como neutral, aunque se menciona a Cordero como amigo del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.
La venta comprende el 80% de las acciones del canal, que están en manos de dos familias, una de ellas la Zuloaga. El otro 20% de la televisora fue confiscado por el Gobierno hace tres años a su propietario, que sostiene demandas contra el Estado para intentar recuperarlo.
Para evitar el embargo de bienes y que le revocaran la concesión de la frecuencia, el medio pagó a mediados del año pasado una multa de US$2,1 millones que le impuso el ente regulador Conatel, tras acusarlo de hacer "apología del delito" en la cobertura periodística de un sangriento amotinamiento carcelario en junio de 2011.
