Personal de Dicscamec-Arequipa habría desviado explosivos a minería ilegal

Un informe de inteligencia de la PNP reveló varias irregularidades en la gestión de Lorenzo Gutiérrez al frente de dicho órgano de control. Él fue compañero de promoción del presidente Ollanta Humala en el Ejército.

Redacción PERÚ21

Fecha Actualización

22/08/2019 - 06:31

Tras la denuncia de Perú21 sobre la existencia de mafias al interior de la Dirección de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Dicscamec), una nueva acusación pone en el ojo de la tormenta a la oficina de este órgano de control en Arequipa y a su jefe departamental, Lorenzo Gutiérrez.

Algo que llama la atención sobre el controvertido funcionario son sus conexiones con las altas esferas del Gobierno, debido a que él fue compañero de promoción del mandatario Ollanta Humala en el Ejército. Asimismo, fue jefe de campaña del Partido Nacionalista en Arequipa en las pasadas elecciones presidenciales.

Cuarto Poder reveló que, durante la gestión de Gutiérrez Ramírez, personal policial y civil habría estado implicado en el desvío de material explosivo a la minería ilegal, negocio en el que también estarían involucradas compañías mineras y empresas del sector construcción, de acuerdo a una investigación de un equipo de Inteligencia de la Policía Nacional.

Asimismo, se reportó que, entre enero y febrero del presente año, más de 60 mil kilos de insumos para explosivos fueron trasladados a sus lugares de destino en Arequipa de manera bastante riesgosa, debido a que se les encargó su custodia a dos supuestos efectivos: el suboficial Carlos Prado Espinoza y el suboficial de tercera Michael Gonzales Monroy.

Sin embargo, durante la investigación se descubrió que el suboficial Gonzales Monroy no existía y que su nombre no aparecía en la base de datos de la PNP ni en la de la Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Guitérrez Ramírez explicó que dicha irregularidad es indagada por la Inspectoría de la Región Policial Sur y que las personas involucradas han sido puestas a disposición de las autoridades.

Además, refirió que no fue informado de la existencia del policía 'fantasma', pero el testimonio de Hilda Cayo del Castillo, encargada del área de nombramiento de custodias, lo desmintió, pues ella dijo que sí lo puso al tanto de la irregularidad detectada, pero que el exmilitar no inició ninguna investigación hasta que el escándalo se conoció en los medios arequipeños.

El documento policial también reveló que empresas mineras formales como Gran Joar, cuyo propietario es José Dongo Rivera, y Calcina Taco, en manos de Antonio Calcina Taco, venderían material explosivo a los informales, tras adquirirlos en la Dicscamec con el pretexto de utilizarlos para obras de campamento y construcción de carreteras.

Las objeciones a la labor de Gutiérrez Ramírez no se limitan al tema de explosivos. La investigación determinó que el suboficial Eduardo Ticona, a cargo del área de control de armas, munición y licencia, habría entregado permisos de posesión de armas de fuego de manera irregular y sin cumplir los requerimentos establecidos, beneficiando directamente a las dos únicas empresas que venden armas en Arequipa.

Otra 'joyita' de dicha institución es la suboficial de tercera Kelly Coronel, encargada del control de servicios de seguridad privada, quien también habría incurrido en irregularidades al otorgar los carnés de autorización e identificación para agentes de seguridad a las empresas dedicadas a este rubro en dicha región.

Según una resolución directoral del 26 de agosto pasado, Ticona y Coronel debían ser reasignados a otras dependencias de la PNP, pero Gutiérrez Ramírez se ha negado a obedecer las órdenes directas de sus superiores. La única que sí fue cambiada fue Cayo del Castillo, la mujer que detectó al policía 'fantasma'.

Pese a todas estas pruebas, el equipo de la Dicscamec Lima que investigaba la gestión de Gutiérrez Ramírez fue desactivado sin que nadie diera una razón lógica. Mientras tanto, el funcionario tiene una investigación pendiente en el Ministerio del Interior para saber si se le abre proceso administrativo disciplinario.

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