Rutas de Lima anuncia medidas legales contra la MML por anulación de contratos

La empresa Rutas de Lima emitió comunicado tras decisión del Concejo Municipal de Lima. (Foto: @photo.hec)

Fecha Actualización

20/01/2023 - 13:09

La empresa Rutas de Lima informó hoy que tomaría acciones legales contra la Municipalidad de Lima (MML), en instancias nacionales e internacionales, luego de que esta decidiera darle fin a los contratos de concesión, decisión que la concesionaria considera como carente “de base legal, contractual y/o fundamento alguno”.

Ayer, durante una sesión del Concejo de la Municipalidad de Lima, se aprobó el término anticipado del contrato de concesión de peajes con el Consorcio Rutas de Lima, el cual fue suscrito en enero del 2013, durante la gestión edil de Susana Villarán.

En una sesión encabezada por el alcalde Rafael López Aliaga, el Concejo aprobó esta medida de forma unánime por “afectación al interés público”. López Aliaga ya había adelantado ese interés el último miércoles, en su discurso por el 488 aniversario de Lima, cuando señaló “mañana sale Odebrecht de acá”.

Es por ello que la empresa emitió un comunicado, donde señaló que los argumentos del municipio metropoltano han sido “desestimados” por tribunales internacionales.

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“Rutas de Lima debe resaltar que todos y cada uno de los asuntos alegados por la Municipalidad de Lima, como base de la supuesta afectación al interés público, han sido sometidos al conocimiento y decisión de Tribunales Arbitrales Internacionales, los cuales han desestimado completamente los argumentos y tesis planteados por la comuna mediante la emisión de sendos laudos arbitrales definitivos e inapelables”, se lee.

Agregaron que los tribunales ratificaron “la plena validez, vigencia y proporcionalidad del Contrato de Concesión y demás pactos contractuales”.

“En tal sentido, es importante mencionar que el actuar de la Municipalidad Metropolitana de Lima desconoce frontal y flagrantemente la calidad de cosa juzgada que adoptan las decisiones jurisdiccionales, evidenciando de este modo que su decisión no responde a criterios técnicos y legales, propios del Estado de Derecho”, puntualizó el consorcio.

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