El Gobierno Regional del Callao se pronunció sobre el caso del procurador público investigado en el caso 'Los zetas de Ventanilla' (Foto: GORE Callao)
El Gobierno Regional del Callao se pronunció sobre el caso del procurador público investigado en el caso 'Los zetas de Ventanilla' (Foto: GORE Callao)

El Gobierno Regional del afirmó que la investigación al procurador público que fue detenido esta madrugada junto a otras seis personas por presuntamente integrar la organización criminal ‘Los zetas de Ventanilla’, corresponde a hechos de la gestión anterior.

A través de un comunicado, la institución señaló que las personas intervenidas por agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional y personal de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en la Criminalidad Organizada, no son funcionarios de la actual gestión liderada por Dante Mandriotti Castro.

“En relación con el procurador público detenido, la investigación obedece a hechos que corresponden a la anterior gestión”, indica el pronunciamiento.

Además, el GORE Callao informó que como parte de la diligencia, las autoridades intervinieron los ambientes de la oficina de Gestión Patrimonial, donde procedieron a la recopilación de información documentaria de la gestión 2017, en relación a los asentamiento humanos Leandra Ortega Espinoza y Ampliación PROFAM, ubicados en las inmediaciones de la zona Cerro Gorila.

Respecto a estos dos sectores , el gobierno regional aclaró que la “actual gestión, no ha realizado, ni tiene programado realizar acciones de titulación y/o similares”.

Finalmente, aseguró que brindarán todo el apoyo y facilidades al Ministerio Público como corresponde, y en estricto cumplimiento del mandato judicial.

Comunicad del Gobierno Regional del Callao.
Comunicad del Gobierno Regional del Callao.

Sobre la investigación

De acuerdo con América Noticias, la investigación fiscal que comenzó desde el 2010 señala que la organización delictiva ‘Los zetas de Ventanilla’ operaba usurpando terrenos, para luego venderlos y extorsionar a sus víctimas.

La diligencia contempló el allanamiento de cerca de 30 inmuebles e inclusive en celdas de los penales de Lurigancho, Callao y Ancón II.

Los detenidos son investigados por los presuntos delitos de organización criminal, usurpación agravada, tenencia ilegal de armas, corrupción de funcionarios, falsificación de documentos, homicidio calificación, conspiración, ofrecimiento para el delito de sicariato, coacción, entre otros.

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