Congresista Lizárraga pide a la JNJ investigar al fiscal Tomás Gálvez por participar en actividad política

En la actividad, Gálvez “no se limitó únicamente a participar de manera pasiva en la actividad sino que hizo uso de la palabra”, precisó la congresista a través de un oficio.

“Cuando estamos en periodo electoral, aparecemos todos los candidatos, pero cuando estamos en la función ya no”, acotó Gálvez.

“Ello constituiría un indicio de participación política por parte de Gálvez, lo que amerita a nuestro juicio, como mínimo, el inicio, de oficio, de investigaciones conducentes a la determinación si incurre o no a una falta pasible de sanción por parte de la JNJ que usted preside”, agregó la legisladora, tras recordar que, por mandato de la Constitución, los jueces y fiscales “están prohibidos de participar en política, de sindicarse y de declararse en huelga”.

Asimismo señala que la Ley de Carrera Fiscal dispone que constituye “falta muy grave” que los fiscales comprometan gravemente los deberes del cargo y que desempeñen actos propios en grupos políticos.

Lizárraga también hace referencia a que la Ley Orgánica de la JNJ establece como una causal de destitución “la comisión de un hecho grave que comprometa la dignidad del cargo y la desmerezca en el concepto público”.

La parlamentaria, asimismo, solicitó a la JNJ que inicie investigaciones de oficio contra el fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza por emitir un dictamen fiscal de fecha 7 de julio de 2020 que requiere la nulidad de sentencia contra el narcotraficante Fernando Zevallos González argumentando que este fue sentenciado por hechos ocurridos antes de julio del 2007, cuando aun no estaba vigente la ley penal contra el lavado de activos.

De acuerdo a la legisladora, con sus argumentos el representante del Ministerio Público “inobserva jurisprudencia del Poder Judicial” y amerita una investigación de oficio “a efectos de que se dilucide si concurre o no en alguna falta que amerite la determinación de responsabilidad administrativa por parte del fiscal”.

Fernándo Zevallos Gonzales, cabe recordar, cumple una condena de 20 años de prisión por narcotráfico en el penal Ancón 1, tras ser hallado culpable de sacar droga del país a través de los aviones de su empresa Aerocontinente.

Por su parte, el fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza ha sido sindicado como parte de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Asimismo, el fiscal supremo Pablo Sánchez lo ha incluído en la investigación del caso porque un colaborador eficaz lo señaló como el responsable de informar a los integrantes de la presunta banda criminal sobre la existencia de escuchas telefónicas al exjuez superior Walter Ríos.