Ministro Iber Maraví se escuda en legalismos y falta a la verdad

Pero, en sus respuestas a cada una de las siete interrogantes del pliego interpelatorio, se escudó en legalismos y cayó en mentiras. Lo que lo pone a un paso de la censura, pese a la cerrada defensa de los congresistas de la izquierda radical.

Maraví llegó al Legislativo sobre las 9:00 a.m., flanqueado por el premier Guido Bellido, quien en la víspera ya había amenazado con presentar una cuestión de confianza en caso fuera necesario. Esta carta todavía es evaluada por el Ejecutivo, y así lo confirmó el presidente Pedro Castillo al calificarla como una de las “herramientas políticas para mantener la estabilidad democrática”.

Maraví negó “haber sido fundador o integrante” de la junta directiva del Conare (Comité Nacional de Reorientación y Reconstitución), uno de los organismos generados de SL, que buscaba controlar el Sutep. Este se fundó en 2003 en un congreso en Huancayo. Según dijo, su relación solo se circunscribió como dirigente del Sute-Huamanga y del Sute Regional Ayacucho, que estuvieron “bajo la dirección del Conare”, según sus propias palabras.

Pero pese a que pretendió minimizar su participación, el propio estatuto de fundación lo ubicó como vicepresidente de la mesa directiva de las bases regionales del Conare, junto a otros personajes radicales como Robert Huaynalaya y César Tito Rojas (uno de los visitantes de la PCM).

Esto también fue ratificado en documentos de Inteligencia de la Policía. Además, el mismo secretario general del Sutep, Lucio Castro confirmó a Perú21TV que Maraví nunca fue parte del histórico sindicato de maestros. “No está en nuestra base de datos”, remarcó.

Ya por la noche, en su réplica, Maraví tuvo que confirmar que fue vicepresidente de la primera comisión, pero aseguró que solo lo fue durante ese evento. “¿Alguna vez he negado que fui vicepresidente de un congreso o convención? ¿Y eso es delito?”, dijo de manera desafiante a los congresistas.

Aunque sí aprovechó la oportunidad para lavarle la cara al Conare y dijo que a él no le “consta” los vínculos del Conare “con organizaciones subversivas”. “Las veces que mi persona ha participado (…) en las asambleas nacionales dirigidas por el Conare, los temas han sido únicamente de carácter reivindicativo y sindical”, recalcó.

Igualmente, negó haber formado parte del Movadef y aseguró que no existe algún documento que lo vincule al brazo político de SL. Sin embargo, esto tampoco es cierto, pues el propio comité ejecutivo de Ayacucho de la fachada de Sendero lo calificó como un “mártir” y como parte de la supuesta “reserva moral” del periodismo de la región.

Y ni bien asumió su gestión, Maraví le abrió las puertas del ministerio al Movadef, reuniéndose con algunos de sus dirigentes. El hecho fue revelado por Perú21 y después de ello le fue imposible distanciarse y decir que dejaría de hacerlo.

Maraví buscó desbaratar los atestados policiales y las declaraciones que lo ubicaron en atentados terroristas, al señalar que los personajes que en un inicio lo señalaban, finalmente se retractaron y cambiaron su versión en la vía judicial, asegurando que fueron víctimas de tortura, por lo que todo fue al archivo. Incluso llegó a citar un par de fragmentos arteramente escogidos del informe de la Comisión de la Verdad para asegurar que existió una grave afectación a los derechos de los sospechosos de las investigaciones policiales.

Ya abierto el debate, los legisladores le hicieron notar el detalle con el que se relató su participación en los atentados, así como las “coincidencias” en los testimonios. “No estamos en proceso judicial sino en proceso político, lo que tenemos que evaluar es su idoneidad”, aseveró en un momento Gladys Echaíz (APP).

“Si es consecuente con lo que ha dicho, presente su renuncia. Ahórrenos el trabajo y hágale un favor al presidente Castillo, déjelo gobernar”, agregó la parlamentaria.

En contra parte, Isabel Cortez (Juntos por el Perú aliado de PL), aseguró que la defensa a Maraví no tiene que ver con “sentimentalismos”, sino con la “reivindicación con la clase social a la que ambos pertenecemos”. Además, Cortez –quien más parecía la abogada del ministro– atacó a la prensa que investigó los hechos.

Maraví aseguró que nunca conoció en persona a su suegro, el terrorista Hildebrando Pérez Huarancca, perpetrador de la masacre de Lucanamarca y con quien aparece en uno de los atestados policiales. Según dijo, se casó en 1998, a 16 años de su “muerte”, y que ni su esposa, su suegra o su familia “somos responsables de lo que haya o no haya hecho”. Este diario reveló que su esposa y su suegra firmaron los planillones del Movadef. “Hildebrando Pérez fue declarado muerto desde 1982, conforme a la sentencia judicial emitida en el año 2000", aseveró. Pero esto no es del todo cierto. En 2007, cuando se condenó a la cúpula de SL por la masacre de Lucanamarca, se reservó el juzgamiento para Pérez Huarancca.

A quien sí dijo haber conocido fue a la terrorista Edith Lagos –quien al igual que Maraví, alegaba que era inocente– pero cuando era estudiante de secundaria. “Nunca tuve vinculaciones de ninguna índole”, subrayó.

Ni bien terminó de hablar, los voceros de las bancadas de Acción Popular, Fuerza Popular, APP, Renovación Popular y Somos Perú-Partido Morado, le solicitaron al ministro Maraví que dé un paso al costado. Esto solo se fue incrementando conforme intervenían los demás oradores, en una sesión que fue por varios momentos accidentada.

“No hemos escuchado ni una sola condena a Sendero. Maraví no puede permanecer como ministro, Bellido no puede ser presidente de la PCM, y está claro que el único culpable es el presidente Castillo que exhibe incapacidad moral porque los avala”, remarcó Adriana Tudela (Avanza País).

Por su parte, Flor Pablo (SP-PM) incidió en que “necesitamos personas idóneas, que no vengan con un currículum que genera dudas “.

Uno de los legisladores de Acción Popular, Elvis Vergara, incluso comenzó su intervención mencionando los nombres de algunos de los acciopopulistas masacrados por SL. En uno de los atestados, Maraví es sindicado como uno de los que participó de la quema del local del partido de la lampa en Ayacucho.

Por la noche, los congresistas consiguieron las firmas para presentar la moción de censura contra Maraví, pues “sus respuestas no han satisfecho a la representación nacional”. El documento tiene 45 firmas, de legisladores de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, APP y Podemos Perú.

La presidenta del Congreso María del Carmen Alva aseguró que en la reunión sostenida en la víspera con el jefe de Estado, Pedro Castillo, el mandatario negó que esté en agenda plantear una cuestión de confianza por el caso Iber Maraví.

“Y le tomamos la palabra. El Gobierno no presentará cuestión de confianza y de hacerlo, la palabra del presidente Castillo no tendría ninguna validez y el Congreso tendría que asumir su responsabilidad”, refirió poco antes de dar inicio a la sesión de interpelación al ministro de Trabajo.

Luego de las declaraciones de Bellido, una comitiva del Congreso acudió la noche del miércoles a Palacio de Gobierno para dialogar con el presidente.

Alva hizo incidencia en el mandato popular por el cual fueron elegidos, por lo que “no aceptaremos amenazas contra la democracia peruana, vengan de donde vengan; eso no es negociable”.

Asimismo, remarcó que el Congreso “no está en pie de guerra”.

-Uno de los defensores de Maraví fue Edgar Tello (Perú Libre), quien, como reveló Perú21, viene reuniéndose en su despacho con un sentenciado por terrorismo.

-“Quieren que el ministro de Trabajo renuncie sin encontrar alguna prueba. Pretenden patear el tablero de la democracia, vulnerando un derecho constitucional”, dijo Tello quien también perteneció al Conare.