Corresponsal extranjero informa sobre el Perú de forma sesgada y con falsedades

Perú21 contactó a dos políticos que fueron opositores al gobierno de Alberto Fujimori. El primero es el economista Ismael Benavides, exministro durante el gobierno de Fernando Belaunde y exdiputado del Fredemo (coalición que postuló a Vargas Llosa en 1990). El segundo es el constitucionalista Natale Amprimo, férreo opositor al gobierno fujimorista y excongresista por Somos Perú (2001-2006).

Robinson calificó a la Constitución vigente como “fujimorista”. Ante esta afirmación, ambos mostraron su rechazo. “La carta del 93 la impulsó el fujimorismo, pero en esa constituyente participaron personas de izquierda, del PPC, no es que fue una Constitución exclusivamente hecha por los fujimoristas”, señaló Amprimo. Por su parte, Benavides recordó que “entre los tantos constituyentes estaba Henry Pease y otra gente de izquierda”. Además, dijo que la Constitución fue aprobada por un referéndum donde más del 52% de electores votó a favor de implementarla. Además, cabe resaltar que en 2001, durante el gobierno de Alejandro Toledo, la firma del dictador Alberto Fujimori fue retirada de la Carta Magna.

En la nota del corresponsal también se señala que “las concesiones mineras y de hidrocarburos están blindadas por la Constitución fujimorista”. Amprimo y Benavides explicaron que la protección que se les da a las concesiones no es por favoritismo, sino para brindar estabilidad jurídica a los inversionistas que buscan invertir una cantidad importante de dinero en el Perú. “Ningún país sale adelante si no tiene un régimen estable jurídicamente”, dijo Amprimo. Por otro lado, Benavides señaló que este mecanismo de protección “implica una serie de requisitos a las empresas, y también pueden perder la concesión si no cumplen con ellos”. Además, consideró que, sin esos mecanismos, no habría inversiones de gran envergadura en nuestro país.

Por su parte, Carlos Casas, exviceministro de Economía, señaló que el régimen tributario que se aplica a las mineras no es favorable a dicha activad. “Es un sector que está bastante regulado. El porcentaje total de lo que toma el Estado de la minería es casi el 50% de las utilidades”, dijo. Además, consideró que la tasa impositiva a la minería en el Perú se encuentra a la par o es “ligeramente superior” a la de otros países con actividad minera.

Anthony Laub, experto en temas energéticos, también cuestionó la afirmación de Robinson. “La minería no tiene una protección especial respecto del resto de actividades. Eso no es verdad. Si cumplen con los requisitos del reglamento de promoción de la inversión privada, acceden a un contrato de estabilidad tributaria o de estabilidad jurídica”, señaló.

El periodista inglés señala que el Perú es “un país que lo ha apostado todo por las materias primas”. Esta afirmación fue desmentida por Casas, quien señaló que “si fuera así, la minería representaría el 50% del PBI, pero solamente representa entre el 12% y 13%”.

En diciembre de 2022, el INEI reportó que el sector de minería e hidrocarburos comprende el 14.36% del PBI, mientras que manufactura es el 16.52% y comercio es 10.18%. Los datos demuestran que es poco preciso afirmar que nuestro país apostó todo a la minería. Asimismo, el periodista inglés señala que “Cusco es rica en recursos minerales e hidrocarburos, pero no obtiene ningún beneficio de su explotación”. Esta afirmación es falsa. Entre 2012 y 2022, Cusco ha recibido más de S/26,969 millones por actividades mineras y gasíferas, según datos oficiales (Ingemmet). “Cusco es el departamento que recibe más canon en todo el país. El tema es que no lo utilizan bien y hay mucha ineficiencia y corrupción”, dijo Casas.

En la nota de Robinson, José de Echave, exviceministro de Gestión Ambiental en el gobierno de Ollanta Humala, culpó al artículo 62 de la Constitución de que en el país no exista una masificación del gas, a diferencia de Bolivia, pues alega que ese artículo establece que el Estado no puede entrar donde hay empresas privadas. Al margen de que se equivocó de artículo (debió decir 60), la afirmación no es verdadera. Anthony Laub consideró que la Constitución no impide que el Estado subministre gas a todos los ciudadanos y señaló, por ejemplo, que en el caso de Cusco el problema es la poca demanda y la mala infraestructura. Motivo por el que responsabilizó a la gestión pública de ello. “De Echave está promoviendo que se vuelva a tener empresas públicas, pero todas dieron pérdidas y mal servicio”, explicó.