Contraloría podrá acceder al secreto bancario de funcionarios públicos investigados

La Contraloría podrá solicitar ahora esta información confidencial, en el marco de una acción de control posterior de tipo forense, “cuando resulte indispensable contar con evidencia suficiente y apropiada sobre la presunta responsabilidad penal vinculada a la comisión del delito de enriquecimiento ilícito en el uso o gestión de los bienes y fondos públicos, así como otros delitos que guarden relación con dicho enriquecimiento”.

“El contralor, en uso de su facultad constitucional, podrá solicitar el levantamiento del secreto bancario y/o reserva tributaria, debidamente sustentado y motivado, mediante un oficio dirigido a las entidades bancarias y/u órganos de la administración tributaria, las cuales tendrán 10 días hábiles de plazo para atender el pedido”, señala un comunicado informativo de la Contraloría.

Debido a que se trata de información sensible y privada, “las personas y autoridades que tomen conocimiento de la información confidencial solicitada quedan obligadas a guardar la más estricta y completa reserva y no pueden cederla ni comunicarla a terceros, así como tampoco pueden utilizarla para fines distintos al solicitado”, indica la directiva.

El incumplimiento de esta disposición dará lugar a responsabilidades administrativas y penales correspondientes, de acuerdo a la referida normativa.