Sesión de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción será este martes 19 de julio en la sede de la JNJ

Entre los temas a tratar, se tendrá la presentación del Plan de Trabajo al 2023, a cargo de la Presidencia de la CAN, y se contará con informes del OSCE, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Servir, en relación con las contrataciones del Estado, el proceso de adhesión del Perú a la OCDE y los avances para asegurar la idoneidad en el servicio civil, respectivamente.

Asimismo, se discutirá la viabilidad de diversas iniciativas normativas en materia de integridad y lucha contra la corrupción, como el fortalecimiento de los mecanismos de protección e incentivos para la denuncia de actos de corrupción.

También se determinarán las acciones a desarrollar para fortalecer desde la CAN Anticorrupción la integridad en el contexto de las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

Cabe recordar que en su sesión 40°, los integrantes de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) eligieron a José Ávila Herrera como nuevo presidente de este espacio de articulación estratégica, a partir de lo cual el también titular de la JNJ efectuó una ronda de diálogo y reuniones de trabajo con sus diversos miembros.

A la cita se ha confirmado la presencia de los titulares del Poder Judicial, la Presidencia del Consejo de Ministros, la Defensoría del Pueblo, el OSCE, Servir, Confiep, el Consejo de la Prensa Peruana; así como representantes del Congreso, Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, la Cámara de Comercio de Lima, Proética, entre otras instituciones del sector privado y la sociedad civil.

La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción está integrada por las máximas autoridades del Congreso de la República, el Poder Judicial, de la Presidencia del Consejo de Ministros, del Ministerio de Justicia, del Tribunal Constitucional, de la Junta Nacional de Justicia, del Ministerio Público, de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, de la Asociación de Municipalidades del Perú y del Acuerdo Nacional.

La CAN también cuenta con la participación de 15 miembros observadores, representantes de instituciones públicas, privadas y la sociedad civil. La elección del presidente de este grupo de trabajo se produce cada dos años.