[Opinión] Pedro Yaranga: El ABC de la seguridad en los planes de Fuerza Popular y Perú Libre

La seguridad ciudadana es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica (PNUD, 2021). Trasladando a nuestra realidad, sintetizaríamos, como una acción integrada y articulada que desarrolla el Estado en sus tres niveles de gobierno (nacional, regionales y locales); donde también participan y colaboran el sector privado, la sociedad civil organizada y la ciudadanía, con la finalidad de garantizar una convivencia pacífica.

Siendo así, ¿cuán importante es para quienes pugnan por convertirse en la presidenta o presidente del bicentenario, en medio de un proceso electoral cargado de agresiones y con una expectativa general por hallar solución a profundas brechas sociales y económicas?

Va al grano y plantea “acabar con los remanentes terroristas de Sendero Luminoso de los Quispe Palomino”. Acabar con los remanentes terroristas –de hecho– es fundamental; pero al mismo tiempo, también se debe enfrentar frontalmente al narcotráfico y al crimen organizado. ¿Cómo fortalecer esta estrategia? Hoy más que nunca, es necesario incorporar a la sociedad civil organizada: los valerosos guerreros Comités de Autodefensa (CAD) y las Rondas Campesinas. Ambas organizaciones, con diferentes matices, tienen mucha autoridad y experiencia para dar seguridad –por ejemplo– en las carreteras, siempre y cuando los gobiernos regionales se comprometan a proporcionar con el apoyo logístico, como casetas y equipos de comunicación.

El caso de Perú Libre, es más complicado. Plantea “reparar de manera definitiva y por única vez a todas las víctimas del terrorismo en el marco de la reconciliación nacional”. Pero, no basta con reparar; la gran mayoría de las víctimas y afectados con el Conflicto Armado Interno (terrorismo) de las zonas alejadas y más golpeadas por Sendero Luminoso, o los excesos de las FF.AA. o la PNP, ni siquiera se encuentran inscritos en el Registro Único de Víctimas (RUV). Entonces, ¿solo con reparación se puede solucionar este problema tan grave, complejo y crónico de la inseguridad en el país? ¿Acaso no es una necesidad, enfrentar al narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado? ¿Dónde quedan los aportes de las Rondas Campesinas, tantas veces voceadas por el profesor Castillo?

Entonces, ¿Qué deberían hacer ambos candidatos? Sin duda, hay que aprender de los errores. El actual escenario, después del descomunal golpe del COVID-19; sobre todo, nos exige un nuevo estilo de convivencia, que sitúe a la igualdad y la sostenibilidad en el centro.

Por lo tanto –para empezar– es fundamental que ambos candidatos o sus equipos técnicos, incorporen el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

¿Por qué es tan esencial hablar del Desarrollo Sostenible?, porque reconoce que “no solo la paz y la seguridad, son condiciones previas para el logro del Desarrollo Sostenible; sino también que este es la vía natural de las sociedades pacíficas” (NN.UU., 2021). Siendo así, no está por demás soñar despiertos. Con el esfuerzo de todos, articulando a los tres niveles de gobierno, más la sociedad civil organizada; es posible avanzar hacia una paz inclusiva.

Así, podremos superar las grandes brechas y restricciones estructurales que socavan la posibilidad de un desarrollo con igualdad y sostenibilidad en el país.