Corrupción sistémica

Resulta que cada año es mayor la cantidad de dinero público que se va al agua por culpa de funcionarios –elegidos o designados a dedo– que en lugar de trabajar para reducir la pobreza y cerrar las brechas sociales no tienen ningún empacho en embolsicarse dineros que pertenecen a todos los peruanos.

Las modalidades son múltiples y los recursos para eludir las fiscalizaciones parecen ser infinitos, por lo menos hasta que los negocios de los coimeros quedan al descubierto y les cae encima todo el peso de la ley (bueno, no siempre: el hecho de ser congresista parece ser la excepción, como se ha visto con el blindaje a los “Niños” de AP en la votación del Pleno, descarado otoronguismo encubridor que no solo daña la credibilidad del poder Legislativo, sino el de la democracia peruana en su conjunto)

Según cálculos de la Contraloría General de la República, sobornos y cobros bajo el escritorio han generado pérdidas que han alcanzado los 24,419 millones de soles durante el año pasado. Lo relevante es que, de dicho monto, el 56.1% corresponde a dinero que se esfumó de las arcas de los gobiernos regionales y locales.

Como ha dicho el contralor Nelson Shack, si ese dinero no se hubiese robado, los avances en la reducción de la pobreza en el Perú hubieran sido significativos, aparte de haberse concretado obras y servicios urgentes para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, atendiendo un clamor que viene precisamente de las regiones con mayores índices de pauperización.

Es esta lacra social y política lo que también incide en el descontento social y da pie para que el extremismo haga de las suyas, usando como pretexto la ineficiencia del Estado y la venalidad de la clase política. La corrupción está, pues, en el centro de los dramas del Perú moderno, amenazando permanentemente el desarrollo del país y la legitimidad de nuestro sistema de gobierno.