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El Estado colombiano pagará US$30,500 millones a víctimas de violencia
La cifra es casi la tercera parte del presupuesto total de ese país para este año. Los beneficiarios se inscribieron en un registro de afectados entre 2008 y 2010.
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Las reparaciones solo incluyen a afectados desde 1985. (AP)
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El Estado colombiano pagará en los próximos 10 años un total de 54.9 billones de pesos (cerca de US$30,500 millones) como reparación administrativa a víctimas del conflicto armado interno, según un documento oficial conocido este martes.
"El resultado total de la cuantificación para población desplazada y víctima de otros hechos victimizantes asciende a los 54.9 billones de pesos de 2011 para el periodo 2012-2021", precisa un estudio del estatal Consejo de Política Económica y Social (Conpes), órgano que depende del Presidente de la República.
La cifra corresponde a cerca de la tercera parte del presupuesto anual de Colombia que este año fue fijado en 165.3 billones de pesos (unos US$91,000 millones).
La estimación del plan "involucra 830,000 hechos victimizantes, de los cuales 618,000 están asociados únicamente al delito de desplazamiento forzado, 134,000 casos de otros hechos victimizantes y 78,000 que fueron simultáneamente víctimas del desplazamiento forzado y otro hecho victimizante".
Y aclara que "no se debe confundir el número de hechos victimizantes con el número de víctimas, dado que los hechos victimizantes son las situaciones que causan graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), y que pueden generar una o más víctimas".
Los 54.9 billones de pesos se destinarán a la reparación de las víctimas del conflicto que se inscribieron como tales entre el 22 de abril de 2008 y el 22 de abril de 2010.
Aunque el conflicto colombiano tiene ya más de 45 años, la ley 1448 de 2011 que ordena la reparación administrativa limitó la indemnización a las víctimas de hechos violentos ocurridos a partir de 1985.
La norma fue promulgada en 2011 por el presidente Juan Manuel Santos con acompañamiento del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y abarca a las víctimas de guerrillas izquierdistas, de grupos paramilitares de extrema derecha y de agentes del Estado.
La reparación "excluye a quienes sean víctimas pero aún no han sido registradas, así como a aquellos que sufran nuevos hechos victimizantes en el marco del conflicto armado interno", según el documento.
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