Ministerio de Cultura dará asesoría técnica a procurador en caso de sujeto que insultó a serenos

Gustavo Oré, director de la Dirección de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial del Mincul, señaló al respecto que se ha puesto en contacto con la procuraduría a fin de contribuir “al adecuado encauzamiento de la denuncia”, así como al desarrollo de acciones para prevenir este tipo de situaciones.

El funcionario también instó a la Fiscalía de la Nación y al Poder Judicial a proceder con la investigación correspondiente de estos hechos y, luego de un debido proceso, dictaminar las sanciones que correspondan de acuerdo a ley.

El sector Cultura considera que las expresiones contra los serenos “corroboran que el racismo en el Perú es un problema público aún enraizado en la sociedad, el cual demanda el impulso de sanciones eficaces y ejemplares para dichos actos, así como medidas de prevención”.

Por lo tanto expresa “un contundente rechazo” a la conducta de Cotrina Gómez, a quien en imágenes difundidas en los medios se ve y escucha agredir al personal municipal.

La Municipalidad de Magdalena ya informó que denunció a Cotrina Gómez ante la Policía Nacional por el “delito contra la humanidad, discriminación e incitación a la discriminación”. Mientras que el Ministerio Público señaló esta tarde que la Segunda Fiscalía Penal del mencionado distrito abrió una investigación preliminar contra esta persona por el presunto delito de discriminación.

En diálogo con RPP, Cotrina Gómez indicó que los agentes del Serenazgo de Magdalena “se alteraron” cuando le pidieron que se ponga la mascarilla, que es de uso obligatorio en la vía pública para evitar los contagios de COVID-19.

Además, señaló que los serenos no debieron ofenderse cuando les dijo “serranos igualados”, ya que, según consideró, “todos somos cholos”.

El artículo 323 del Código Penal señala que la persona que incurre en discriminación, sea por sí mismo o por terceros, en alguna de las 17 motivaciones que recoge la norma (sexo, religión, condición migratoria, discapacidad, factor genético), será reprimida con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de tres años o con prestación de servicios a la comunidad, de 60 a 120 jornadas.