Essalud debe presentar médico dispuesto a desconectar a María Benito

Según la resolución del Sexto Juzgado Constitucional, Essalud recibió la notificación esta semana, por lo que el plazo vencería el próximo 7 de mayo.

“Essalud, en este caso la Red Prestacional Rebagliati, aduce que no ha encontrado médicos dispuestos a realizar el procedimiento de desconexión; el Poder Judicial ha dado un nuevo plazo para que encuentren un nuevo médico, no solo en la Red Rebagliati, sino a nivel de todo Essalud, así que lo que queda es que cumpla y encuentre un médico dispuesto a realizar el procedimiento que no contraviene ningún principio de ética médica, no es ilegal”, declaró a Perú21TV Percy Castillo, integrante del equipo legal de la paciente, inmovilizada por la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que la afecta desde hace 10 años.

El abogado subrayó que Essalud “tiene el deber de informar bien a los médicos” que María Benito no pide la ejecución de la eutanasia, sino que se respete su derecho a rechazar un tratamiento médico.

“El caso de Ana Estrada fue eutanasia; el caso de María Benito es rechazar un tratamiento médico. Ella está recibiendo la conexión al respirador artificial, lo que exige María es ya no estar conectada al ventilador. Eso le conlleva a la pérdida de la vida, pero es lo que ella desea, una muerte en condiciones dignas”, afirmó.

Si, vencido el plazo, Essalud no cumple con presentar a un médico no objetor, el Poder Judicial impondrá multas y denuncias penales por desobediencia a la entidad, refirió Castillo.

A su vez, Kety Solano, hija de María Benito, mencionó que sí hay un médico dispuesto a desconectar a su mamá, pero la jueza Jacqueline Tarrillo, del Sexto Juzgado Constitucional, lo declaró “improcedente”.

“Sí, tenemos un médico de cabecera; sin embargo, el Poder Judicial rechazó el pedido e indicó que debe ser personal de Essalud el que ejecute la sentencia”, expresó.

Finalmente, Castillo resaltó que, tras el caso de Ana Estrada —quien accedió a la eutanasia el 21 de abril— es tiempo de que representantes de la Defensoría del Pueblo, Congreso o Ejecutivo presenten proyectos de ley para debatir la despenalización de la eutanasia.