El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Víctor Gobitz, aplaudió que la presidenta Dina Boluarte en su mensaje a la nación haya destacado el respeto al orden constitucional, la importancia de evitar la polarización, la reactivación económica, así como que haya reconocido a la minería como motor de la economía.
Sin embargo, mostró la preocupación del sector sobre el proyecto del Ejecutivo de la ley de la pequeña minería y minería artesanal, debido a los incentivos perversos que genera un trato diferenciado a dicha minería de menor escala.
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Argumentó que la actividad de extracción de minerales es una sola y tiene el mismo impacto ambiental independientemente del tamaño de las empresas, por lo que se requiere que esta se realice con los debidos estándares ambientales.
Por ello, indicó que no está bien que la minería artesanal pague menos por la concesión, que sus penalidades sean menores y que el permiso ambiental sea muy laxo.
“Hay varios que han obtenido permisos y la licencia ambiental en los gobiernos regionales como pequeños mineros; y como falta fiscalización, algunos están por encima de ese nivel mínimo de 350 toneladas de producción (para ser considerados pequeños mineros). Eso está pasando y no podemos hacernos de la vista gorda”, dijo Gobitz.
Minería ilegal
También, Gobitz aseguró que es positivo que Boluarte se haya manifestado sobre el combate a la minería ilegal. Para luego añadir que el Gobierno debería ser más enfático en la necesidad de fiscalizar a toda la cadena productiva (trazabilidad).
“Sin esta no vamos a poder identificar la dimensión de los beneficiarios que están detrás, que lamentablemente están financiando campañas políticas”, manifestó.
Dijo que dicha fiscalización requiere un esfuerzo multisectorial, ya que no solo depende del Ministerio de Energía y Minas, sino también del Ministerio del Interior, Ministerio del Ambiente y Ministerio de Economía. “Debe haber un alto comisionado que tenga un rol más de liderazgo en este proceso”, acotó.
Por último, Gobitz afirmó que uno de los tantos temas que se omitió es la resolución judicial que pretende que toda infraestructura pública de energía pase por consulta previa, cuando esta por sí sola es de interés público.
“Someterlo a consulta previa puede ser un escollo grande. Esto puede poner al país en una situación de déficit de energía limpia y de energía barata en los próximos años”, concluyó.
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