A Ricardo le toma varios minutos responder cada pregunta. No es fácil resumir las 220 páginas de The Report Peru 2018, aun si eres el gerente editorial de Oxford Business Group, una de las principales fuentes de información de los sectores público y privado.
Del agro al mercado de capitales, de la minería a la industria, Ricardo Miranda de Sousa Hernández-Mora explica cómo se observa la realidad económica del Perú.
¿Qué oportunidades de inversión y tendencias en el clima de negocios contemplan?
Vemos una recuperación moderada de la confianza del sector privado y de los inversionistas, en parte gracias a la transición política de principios de año, que trajo mayor estabilidad (…). La inversión privada se está recuperando gracias al dinamismo de la inversión en minería e hidrocarburos.
En esto tiene mucho que ver las ampliaciones de Marcona y Toquepala, las obras preliminares de Quellaveco, y la ampliación de Toromocho y Mina Justa, mientras que la inversión en hidrocarburos se recuperó debido a las inversiones de exploración en el lote X y el lote 88. La construcción de Quellaveco, por alrededor de US$5.000 millones de inversión, así como la ampliación de Toromocho, con una inversión de alrededor de US$1.300 millones.
El sector agroindustrial continúa batiendo récords. De hecho, las exportaciones totales (incluyendo todos los productos de exportación) pueden llegar a alcanzar los US$50,000 millones por primera vez en la historia.
Martín Vizcarra planteó reformas. ¿Qué impacto se observa?
El sector empresarial ha recibido bien las propuestas del Ejecutivo para recuperar la estabilidad jurídica y luchar contra la corrupción. Es fundamental el apoyo del sector privado para el éxito de las reformas que se den.
El presidente del BID, Luis Alberto Moreno, advierte que gobiernos y empresas tienen cautela en participar en proyectos APP. ¿Cómo superar este temor generalizado?
Según Moreno, la clave para superar este temor es fortalecer sus sistemas de ‘accountability’. Es decir, sistemas que fortalezcan la rendición de cuentas de los funcionarios e instituciones públicas. Estamos viendo, a nivel regional, mayor persecución y capacidad a la hora de llevar a juicio a funcionarios públicos, políticos y empresarios corruptos. En este proceso de recuperación de la confianza en el mecanismo APP, la digitalización de la tramitología es fundamental.
La tecnología puede reducir de manera muy significativa las oportunidades que el funcionario público tenga de incurrir en prácticas corruptas. Por ejemplo, el blockchain puede ser muy útil para prevenir la falsificación de documentos en los procesos de importación y exportación, una práctica bastante extendida en toda la región.
En cuanto a las obras públicas, hacen falta soluciones innovadoras. En este sentido, los mecanismos de acción colectiva son fundamentales. Gremios empresariales pueden adoptar códigos de conducta y de compromiso público. De esta forma, se incentiva al sector privado a denunciar prácticas que son perjudiciales para la competencia justa y transparente entre empresas. También contribuyen a mejorar de manera muy significativa la percepción que la sociedad tiene de las grandes empresas.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera comenta que la revolución digital es un factor para que la región reduzca las brechas del subdesarrollo. Un aspecto que considera necesario es la modernización del Estado. ¿Qué mirada hay sobre el trabajo del Perú en esta última materia?
El Estado peruano está dando grandes pasos en materia de digitalización. Por ejemplo, se está invirtiendo en interconectar los sistemas de trámites documentarios para facilitar la interacción entre instituciones. Esta medida es fundamental para fomentar mayor transparencia y reducir la tramitología.
De hecho, Gobierno Digital (PCM) anunció recientemente que a través de un Decreto Legislativo se está buscando ordenar y mejorar la hoja de ruta para digitalización del Estado. Esto permitirá construir puentes para que la sociedad civil, el sector académico y el privado accedan a un Estado digitalizado. Por otro lado, es importante mencionar que el sistema de clave única para realizar trámites digitales en las entidades del Estado estará listo en junio del 2019.
¿Cuál es el consenso sobre los ajustes que debe hacer el Perú a sus políticas de comercio exterior y turismo para elevar la inversión extranjera directa en ese sector?
En lo que a turismo se refiere, es muy importante conservar el patrimonio natural que tiene el Perú, teniendo en cuenta que es uno de los principales atractivos turísticos.
En ese sentido, son necesarios parámetros legales para el turismo de naturaleza, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de los ricos ecosistemas con los que cuenta el Perú.
Es esencial también continuar con los esfuerzos por diversificar y segmentar la oferta turística. De alguna forma, ‘desmachupizar’ la oferta turística peruana, así como llegar a distintos públicos de los ya desarrollados. La marca Perú está bien establecida como destino turístico y el sector continuará creciendo en los próximos años, pero es fundamental desarrollar nuevos destinos para garantizar la sostenibilidad de este crecimiento.
Asimismo, es clave el desarrollo de infraestructura que permita una mejor conexión entre destinos (carreteras, aeropuertos, etc.), así como incrementar la capacidad de los principales aeropuertos del país.
El BCRP aún prevé mantener su política monetaria expansiva. ¿Qué panorama se observa más allá del horizonte de alzas de la FED en este año?
Vemos que el Banco Central Europeo (BCE) también continúa con su política monetaria expansiva. Por otro lado, el Banco de Japón no ha dado señales de que vaya a llevar a cabo ningún ajuste a sus políticas monetarias.
Estas circunstancias de condiciones financieras expansivas y la búsqueda de rentabilidad de estos mercados hace que economías emergentes con fundamentos macroeconómicos sólidos como Perú se conviertan en potenciales receptores de capital extranjero.
¿Qué desafíos enfrenta el mercado de capitales?
Perú cuenta con muchos de los ingredientes económicos para una expansión relativamente rápida de su mercado de capitales, pero todavía necesita lograr ser más atractivo para empresas e inversionistas. Uno de los retos para ello es conseguir atraer a más inversores retail, para lo que es fundamental que tributen sobre sus ganancias netas, en lugar de sus ganancias brutas.
Para atraer más inversionistas retail (ventas al por menor) es también fundamental modernizar la legislación para fortalecer la capacidad de innovar de la Bolsa de Valores de Lima.
Por ejemplo, la ley podría permitir que los inversionistas retail puedan tener acceso a un terminal para invertir directamente sin necesidad de un intermediario. Otro reto es que los niveles de bancarización en el Perú son muy bajos, en torno a un 39%, por lo que el pool de potenciales inversionistas queda muy limitado.
Por otro lado, hay una regulación para personas naturales y otra para empresas. Esa diferencia no se observa en el mundo. Esto dificulta la apertura de la Bolsa al mercado global.
Otro reto es la regulación para las compañías de seguros. Tanto es así que las aseguradoras tienen una normativa mucho más rígida que el de las administradoras privadas de fondos de pensiones (AFP) si quieren realizar inversiones. Deberían ser las AFP las que cuenten con una regulación mucho más rígida porque se invierten los fondos de los afiliados, mientras que las compañía de seguros invierten el dinero de sus accionistas privados, y sin embargo tienen más restricciones.
La buena noticia es que todos estos retos están siendo tratados por el Consultivo del Mercado de Capitales del Perú, foro que cuenta con la participación de instituciones de los sectores público y privado para la promoción del diálogo entre sus participantes con el objetivo de establecer una agenda de trabajo en pro del desarrollo del mercado peruano de capitales.
¿Qué falta hacer en la reducción de burocracia y conflictos sociales en el sector minero?
En el sector minero, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha incorporado una serie de cambios que incluyen una propuesta de modificación del marco para procedimientos mineros y la Ley General de Minería con el objetivo de estandarizar todos los procesos de aprobación del Gobierno.
Otros cambios regulatorios se enfocan en mejorar la protección medioambiental así como los estándares de seguridad y salud de los trabajadores de la minería.
Además, el Minem busca reducir el número de trabajadores informales, tal y como hizo en 2017, cuando incorporó a 5,000 mineros informales a la economía formal. Los cambios regulatorios que se han dado en el sector minero van en línea con los cuatro pilares de desarrollo propuestos en la estrategia para el sector de cara al año 2030.
Estos incluyen: promoción de la inversión y la operación minera mediante un fortalecimiento del trabajo entre el sector y las comunidades, fortalecer la sostenibilidad medioambiental y una gestión completa de los pasivos ambientales, promocionar la formalización de pequeñas y medianas empresas mineras, y articular el desarrollo territorial mediante mayor cooperación entre gobierno y comunidades locales con el fin de cubrir brechas sociales y de infraestructura.
Según el viceministro Incháustegui, los cambios regulatorios recientes, junto al alza de los precios de los minerales, ya están contribuyendo a un incremento en el número de proyectos. A pesar de que ya existe un gran número de empresas mineras que hacen esfuerzos muy importantes por buscar mayor acercamiento con las comunidades, integrar objetivos sociales y medioambientales en el marco regulatorio debería contribuir a la reducción significativa de los retos a los que se enfrenta el sector.
¿Qué expectativas se ve en cuanto a la reconstrucción y el desarrollo inmobiliario?
Es importante separar ambas cosas. En cuanto al desarrollo inmobiliario, el boom inmobiliario que se esperaba como resultado de los incentivos al desarrollo y acceso de vivienda social y en las facilidades al crédito para dicha categoría de viviendas no ha terminado de darse.
La ralentización de la economía y la incertidumbre política de 2017 y los primeros meses de este año son la principal causa de ello. Sin embargo, a todos los niveles del sector inmobiliario, no solo en vivienda social, podemos esperar una mejoría en los próximos meses,, fruto de una mayor absorción del stock existente, la bajada de los precios y una leve mejora del acceso al crédito.
Asimismo, el crecimiento del turismo y la industrialización en provincias como Arequipa, Cusco o Piura está creando oportunidades para el sector inmobiliario fuera de la capital. Además, ciertas iniciativas de vivienda del gobierno, especialmente los esfuerzos por promover soluciones habitacionales ecosostenibles, pueden suponer un crecimiento interesante del sector en provincias.
Cabe destacar, sin embargo, que el crecimiento del sector a nivel nacional y en todos los segmentos de mercado va a depender mucho del crecimiento de la economía, la cual está muy ligada a grandes proyectos mineros y de infraestructura, al impacto de los casos de corrupción, a una mayor formalización y bancarización.
¿Y respecto a la reconstrucción?
La entidad gubernamental encargada de la reconstrucción, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, estimó más de 3,500 proyectos de infraestructura que iniciarían en 2018, incluyendo la construcción de 37,600 hogares.
El presupuesto del programa está dividido en tres categorías principales: S/19,700 millones para la reconstrucción, S/5,500 millones para la prevención de desastres y S/450 millones para fortalecer la institucionalidad.
Tras identificarse retrasos por motivos burocráticos durante la etapa inicial, se introdujo una modificación a la ley en marzo de 2018, aunque aun se desconocen si habrán y cuál serían los cambios a la estructura de ejecución de los planes de reconstrucción.
Dicho esto, todo apunta a que los proyectos continuarán divididos entre ministerios, gobiernos locales y gobiernos regionales, con un mayor énfasis en el liderazgo de los gobiernos locales y regionales. Mientras que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) ha propuesto una hoja de ruta bastante ambiciosa que propone comenzar un proyecto cada dos días hasta 2020, algunos críticos han cuestionado la viabilidad de dicha propuesta.
En cualquier caso, es importante resaltar que desde que la Ley naciese en agosto de 2017 hasta abril de 2018, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios ha transferido S/2,600 millones para financiar 624 proyectos, de los cuales 346 han sido completados, 220 estaban en proceso y tres estaban en fase de inicio, y los 55 restantes se encontraban en distintas etapas previas al inicio de ejecución.
La industria se recupera. ¿Qué se espera del sector para este año y 2019?
En cuanto a la producción de la manufactura primaria avanzó un 10.7% en primer semestre y la manufactura no primaria creció en 3.8% en el primer semestre. De hecho, se ha consolidado su recuperación durante el primer semestre del año luego de alcanzar un crecimiento de 5.7%.
Se ha consolidado su recuperación en el primer semestre luego de alcanzar un crecimiento de 5.7%. Es fundamental que para que este crecimiento se sostenga en el tiempo, se continúen desarrollando economías de escala, fortaleciendo la modernización y digitalización de sistemas, apostando por la especialización del capital humano y, por supuesto, la continuación de las políticas de apertura comercial como se ha venido haciendo.
Por otro lado, es también de suma importancia continuar reduciendo el gap de infraestructura del país, con el fin de minimizar los retos logísticos a los que se enfrenta el sector, ya que la logística supone el principal coste para la mayoría de industrias.
La productividad en el agro ha mejorado, pero es desigual entre regiones. ¿Qué alternativas de solución existen?
Según Michael Morris, del Banco Mundial, cada región tiene diferentes etapas de desarrollo y debe disponer de soluciones hechas a medida.
En la superficie, la productividad agrícola viene creciendo, pero persisten grandes disparidades entre las distintas regiones del país y tipos de productores. La región costera se caracteriza por su dinamismo, alta productividad y el éxito de sus sistemas de comercio integrados a cadenas de valor locales e internacionales. Sin embargo, en muchas zonas de la sierra y la selva peruanas, el sector agro se caracteriza por su estancamiento, poca productividad y orientación hacia sistemas agrícolas de subsistencia.
Un gran porcentaje de personas que viven del agro en estas zonas no incorpora tecnología a sus prácticas agrícolas. Siguiendo la recomendación del Banco Mundial, el Gobierno ha desarrollado planes para incrementar la rentabilidad mediante la aplicación de nuevas tecnologías. Por ello, se creó el Programa Nacional de Innovación Agraria en Cultivos Andinos.
Otra forma de mejorar la rentabilidad de los cultivos es mediante la aplicación de biotecnología.Estas iniciativas deben ir siempre orientadas a mejorar la productividad, modernizar el sector e integrar a los agricultores a cadenas de valor locales e internacionales.
Dato
The Report incluye entrevistas a líderes empresariales y autoridades públicas como el presidente Martín Vizcarra, Julio Velarde (BCRP), Roque Benavides (Confiep) y el presidente de Chile, Sebastián Piñera. También destacan el chef Virgilio Martínez (Central) y altos ejecutivos de firmas como Backus, Cencosud, BBVA, APM, Sanna o EY.