El proyecto minero Tía María, ubicado en la región Arequipa, ha sido una piedra en el zapato de todos los gobiernos que ha tenido el Perú desde 2011. A pesar de los intentos de varios gobiernos para llevarla a cabo, este proyecto no ha podido salir adelante ante la negativa de los ciudadanos de la provincia de Islay.
El proyecto contempla la construcción de dos minas, Tía María y La Tapada. Estos yacimientos se ubican en la provincia de Islay, en la costa sur de Arequipa. Su área de influencia abarcará tres distritos: Cocachacra, Mejía y Deán Valdivia.
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La Tapada se ubica a 2.5 kilómetros del Valle de Tambo y a 3.7 kilómetros del centro poblado más cercano. Mientras tanto, el proyecto se encuentra a 7 kilómetros de Cocachacra, distrito caracterizado por ser zona agrícola. Ambos yacimientos producirán cobre oxidado.
En 2011, durante el gobierno del expresidente Alan García, se iniciaron las primeras protestas contra el proyecto ante la presentación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por parte de la empresa. En abril de ese año, el Ministerio de Energía y Minas declaró inadmisible el EIA.
Ante ello, la empresa llevó a cabo nuevamente la realización del EIA durante 2011 y 2013, el cual fue aprobado en 2014, durante el gobierno del expresidente Ollanta Humala. El nuevo EIA estableció que el proyecto minero no utilizaría el agua del río Tambo, sino que extraería agua del mar que sería procesada en una planta desalinizadora. La salmuera extraída será devuelta al mar a través de una tubería con una longitud de 850 metros mar adentro y 30 metros de profundidad.
En cuanto al riesgo de contaminación de polvo por vía aérea, la empresa estableció un plan de voladuras que minimice la carga explosiva. Estas actividades solo se realizarían en los turnos de día, cuando la dirección del viento es contraria a la zona del Valle de Tambo.
Esto generó que en 2015 se inicien nuevamente las protestas contra la posible reanudación del proyecto. Durante las manifestaciones murieron dos manifestantes y un policía fue golpeado. Asimismo, el centro histórico de Arequipa fue vandalizado por manifestantes y se dañó la propiedad pública y privada.
El entonces presidente Ollanta Humala manifestó que realizar Tía María “es un tema nacional y no un proyecto más”. En ese sentido, pidió a la población “darle una oportunidad” al proyecto. No obstante, este no pudo concretarse ante la negativa de la población.
Ese año se reveló un audio en el que se escucha a Pepe Julio Gutiérrez, uno de los dirigentes antimineros, exigiendo 1.5 millones de dólares para suspender la protestas contra el proyecto minero Tía María. En noviembre de 2021, Gutiérrez y otros dos dirigentes fueron sentenciados a 16 años de cárcel por tentativa de extorsión contra la empresa.
Desde el gobierno de Humala, el proyecto minero se ha mantenido paralizado ante la posible reanudación de protestas. En 2020, el entonces presidente Martín Vizcarra aseguró que “definitivamente” no se ejecutaría el proyecto, postura que se mantuvo hasta el gobierno del expresidente golpista Pedro Castillo.
No obstante, durante el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, existe interés por llevar adelante el proyecto, en un contexto de crisis económica.
Tía María implicaría un impulso para la decadente economía peruana. Solo en en la etapa de construcción del proyecto se generaría 9,000 puestos de trabajo directos e indirectos, y durante la etapa de operación, 650 puestos directos y 5,200 indirectos. La compañía realizará una inversión que bordea los US$ 1,400 millones.
El Ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, aseguró su sector se encargará de supervisar que el proyecto cumpla con las regulaciones y estándares ambientales.
“Desde el gobierno siempre vamos a apostar por el diálogo, y con los agricultores o los grupos de la sociedad civil que aún están preocupados por el proyecto Tía María, estaremos para escucharlos, pero el rol importante del Ministerio del Ambiente sí es hacer esa supervisión y fiscalización permanente. De eso no tenga duda la población del Valle de Tambo y de Arequipa y de todo el país”, señaló.
Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, saludó el anuncio del reinicio de operaciones del proyecto y resaltó que esto llevará a que el Perú retome el alto crecimiento anual que tuvo el país a durante la primera década del siglo XXI.
“Tía María sale, sale otros proyectos también, y así vamos a recuperar el crecimiento económico que en algún momento tuvimos de más de 5 %, 6 % que es lo que necesita el Perú para cerrar las brechas, derrotar la pobreza”, señaló.
Mientras tanto, el ministro de Economía, José Arista, señaló este viernes que la empresa Southern Perú planea invertir más de US$ 10 millones en una refinería que estaría ubicada en Moquegua.
“El inicio de Tía María ha dado también arranque al interés de propietarios de otras minas para gatillar la construcción y explotación lo antes posible, sobre todo en minas orientadas al cobre”, aseguró.
El titular del MEF aseveró que la “economía peruana tiene un futuro espectacular” y señaló que se está focalizando en la zona sur: “La verdad es que, con estos datos, la economía peruana tiene un futuro espectacular, sobre todo en este caso, estamos focalizados en la zona sur”-
En ese sentido, se calcula que solamente la región Arequipa reciba anualmente cerca de S/273 millones. Las localidades en la zona de influencia de la mina recibirán decenas de millones de soles anuales. Cocachacra obtendrá S/30 millones, mientras que la provincia de Islay S/ 60 millones.
El presidente de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía, Víctor Gobitz consideró que la reanudación de operaciones del proyecto “fortalece el atractivo del Perú para la inversión minera”.
“Sin duda, fortalece el atractivo del Perú para la inversión minera, y cuando se vuelva a hacer la evaluación de la calificación de riego de Perú, que un proyecto como Tía María se haya puesto en adelante, va a ser algo muy positivo en la evaluación”, señaló a Andina.
Además, resaltó que el proyecto contempla la construcción de una represa que abastecerá de agua el Valle de Tambo, lo cual mejorará la agricultura.
“Permitirá almacenar más de 70 millones de metros cúbicos de agua, de los cuales, escasamente el 15 por ciento se va a requerir en el proyecto minero y la diferencia va a mejorar la calidad de la oferta de producción agrícola y agroindustrial del Valle del Tambo”, señaló.
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