Reactivación de la gran minería generará más de 68,000 empleos directos, estima Minem

Según cálculos del Minem, la reanudación de las actividades de la gran minería garantizará el 55% del producto bruto interno (PBI) minero metálico correspondiente al 2020.

La primera fase de la reactivación económica ha contemplado el reinicio de los proyectos mineros Quellaveco, Mina Justa y Ampliación de Toromocho.

El Minem ha aprobado previamente el protocolo sanitario para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 en las actividades del subsector y los criterios de focalización territorial para reanudar las actividades de explotación, beneficio, almacenamiento, transporte y cierre de minas, así como los proyectos de construcción de mina declarados de interés nacional.

Los titulares de las operaciones de la gran minería deberán cumplir criterios como tener unidades que procesan más de 5,000 TM/d, contar con campamentos mineros o, en su defecto, acondicionar componentes auxiliares o disponer de alojamientos externos que garanticen las condiciones de salud establecidas en los protocolos sanitarios, y haber declarado producción a diciembre del 2019, a través del ESTAMIN.

Las empresas que cumplan con los referidos criterios territoriales deberán contar con su “Plan para la vigilancia, prevención y control del Covid-19 en el trabajo”, que se ciñe a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud (Minsa), el cual debe ser aprobado previamente por sus Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Tras ello, deberán remitir su plan al Minem para la verificación de su contenido mínimo y su registro respectivo en el Sistema Integrado para Covid-19 (SICOVID-19), a fin de autorizar la reanudación de las operaciones de la compañía.

Minem afirmó que la reanudación de actividades dará un impulso económico al país, lo generará más empleos y la dinamización de actividades como la construcción de mina, los servicios, la metalmecánica, entre otros.

Asimismo, el ministerio señaló las operaciones mineras se traducirán en tributos al Estado y recursos que permitirán atender a la población durante el estado de emergencia y en la etapa posterior a ella.