El presidente ejecutivo de Osiptel, Rafael Muente, se pronunció sobre la decisión de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) de suspenderlo por un año de sus funciones en el organismo regulador de telecomunicaciones por el plazo de una año. Esto, debido, según la resolución ministerial, por haber incurrido en las faltas previstas en el artículo 85 de la Ley del Servicio Civil.
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El funcionario aseveró que el procedimiento administrativo iniciado por la PCM excedió todos los plazos legales que dicta la regulación en este ámbito y ha quebrado todas las reglas del debido proceso, además ha sido resuelto de forma imparcial por el primer ministro Gustavo Adrianzén, con quién tuvo una relación profesional accidentada en el pasado.
"(El procedimiento administrativo) ha sido resuelto por el señor Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, quien está incurso en la causal de abstención por su carencia de imparcialidad dada la probada animadversión hacia mi persona, que deviene de una relación profesional accidentada que data del año 2005. Se trata de la misma autoridad que, meses atrás, buscó fusionar los organismos reguladores", dijo Muente en un comunicado.
Se defiende
Muente detalló que la contratación de una capacitación, que es motivo del proceso iniciado, cumplió con todos los procedimientos de ley, habiéndose hecho caso omiso para la emisión de la mencionada Resolución Ministerial, el informe del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Contraloría General de la República, que concluyó que NO existen elementos de juicio que denoten la transgresión de las disposiciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado.
Indicó que tampoco se tampoco en cuenta la opinión de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) que precisa que los funcionarios están habilitados para recibir capacitación de tipo formación laboral; ni el informe de la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario, que dispuso el archivamiento de la acción de control disciplinario por no existir elementos que permitan evidenciar hechos que constituyan una falta administrativa disciplinaria.
"En mis 40 años de vida profesional en el sector público y privado he actuado siempre con los más altos estándares y con absoluta ética profesional, honestidad y total rechazo por cualquier acto de corrupción", manifestó.
Muente afirmó que recurrirá a todas las instancias legales para salvaguardar su honor, dignidad y derecho a laborar en favor del país privilegiando, siempre, el bienestar ciudadano y no los intereses particulares.
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