Se faculta a las entidades del sector público a priorizar su cartera de inversión usando sus saldos no comprometidos.
Se faculta a las entidades del sector público a priorizar su cartera de inversión usando sus saldos no comprometidos.

El Ejecutivo publicó un (DU) que establece medidas extraordinarias orientadas a la sostenibilidad fiscal, el equilibrio presupuestario y la eficiencia del gasto durante 2024.

¿Qué plantea la medida? Las entidades deberán priorizar sus gastos y con estos ahorros asegurar las contrataciones, dando prioridad a aquellas actividades vinculadas a servicios de salud, educación, seguridad, entre los principales.

Asimismo, faculta a las entidades del sector público a priorizar su cartera de inversión usando sus saldos no comprometidos para dar cobertura a proyectos en ejecución que requieran mayores recursos, incorporar nuevos proyectos, así como para desarrollar nuevos expedientes de inversión.

Se liberan restricciones a los programas presupuestales para que los saldos proyectados se reorienten a otras acciones o proyectos que requieran financiamiento con carácter prioritario. Además, se autoriza a los gobiernos regionales y locales a utilizar recursos del Foncor y Foncomun para compra de maquinarias.

Respecto a la previsión presupuestaria para inversiones financiadas en el marco de convenios entre los pliegos del gobierno nacional y gobiernos regionales y locales, estos dos últimos podrán otorgar previsiones presupuestales para asegurar su programación multianual. Estas previsiones corresponden a los proyectos que se enmarcan en el plan de Reconstrucción con Cambios y los proyectos que se incluyó el Congreso de la República durante el debate de la Ley de Presupuesto 2024.

Eficiencia del gasto público

El DU también establece medidas para limitar gastos no críticos y promover el uso eficiente de los recursos de las entidades y empresas del Estado. De esta manera, se dispone que el gasto devengado para el Año Fiscal 2024 no puede superar el monto devengado en 2023, por toda fuente de financiamiento en las entidades del Gobierno Nacional incluidas en el Decreto de Urgencia.

En el caso de Petroperú, Fonafe y las empresas bajo su ámbito, se aprueban medidas de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público y de ingresos del personal, complementarias a las ya previstas en el Decreto Supremo N° 288-2023-EF.

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Además, se prohíbe a las entidades del gobierno nacional, a los gobiernos regionales y locales, a Petroperú, Fonafe y las empresas bajo su ámbito, la adquisición de vehículos automotores, con excepción de los vehículos destinados a seguridad ciudadana, servicios de salud, de limpieza y para gestión del riesgo de desastres. Y, se establece una regulación sobre el uso de unidades móviles estableciendo disposiciones para altos funcionarios, así como el uso exclusivo para el cumplimiento de actividades vinculadas a procesos productivos.

De otro lado, se autoriza a Sedapal a utilizar los saldos de las transferencias efectuadas a dicha empresa para la ejecución de inversiones, hasta por la suma de S/80 millones, para garantizar la continuidad de la prestación de los servicios de agua potable, a través de la distribución gratuita de agua potable mediante camiones cisterna a la población de su responsabilidad que no cuenta con acceso al servicio de agua potable y que se encuentre en condiciones de pobreza y pobreza extrema

Otra medida que se plantea es el mejoramiento del seguimiento y validación de los acuerdos arribados en las negociaciones colectivas de las entidades del Estado, para lo cual se propone revisar los informes de viabilidad presupuestal emitidos por los pliegos del gobierno nacional (una primera etapa), y disponer que las cláusulas de las próximas negociaciones en el nivel descentralizado, solo contengan condiciones de trabajo.

La norma también permite que el Tesoro Público adelante recursos de canon principalmente a las municipalidades de las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huánuco, entre otras que durante enero de 2024 no recibieron recursos por limitaciones.

Al detectarse demora en los gobiernos locales para presentar sus expedientes de transferencia de recursos para asegurar la continuidad de sus proyectos en ejecución del año 2023, se amplió el plazo en 15 días hábiles para que los gobiernos locales que por diversas circunstancias no presentaron sus requerimientos de fondos para la continuidad de inversiones sus proyectos del año 2023 puedan hacerlo hasta 15 días hábiles a la aprobación de esta norma.

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