Nueva Ley Agraria tiene entre sus desafíos hacerle frente a la informalidad

Laboralistas aseguran que incorporar a los trabajadores al régimen general o a la negociación colectiva beneficiará solo a los formales.

Elida Vega

Fecha Actualización

30/12/2020 - 18:57

En siete días, la comisión especial multipartidaria del Congreso de la República, encargada de elaborar el proyecto de la nueva Ley General del Régimen Agrario, tendrá listo un texto consensuado. Mientras eso sucede, los laboralistas Armando Gutiérrez y Brian Ávalos coinciden en la necesidad de enfrentar el principal problema que aqueja a este sector: la informalidad.

“El sector agrario es informal, más del 90% de empresas son informales y, tal como sucedía con la norma anterior, una nueva ley solo va a cubrir a un porcentaje mínimo de trabajadores”, afirma Brian Ávalos, laboralista de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados.

Para evitar que eso suceda y en medio del pedido de aclaración que hizo la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) sobre la necesidad de que las autoridades se pronuncien acerca del marco jurídico que les permitirá gestionar sus operaciones hasta la promulgación de la nueva ley, Armando Gutiérrez, socio del Estudio Rubio, Leguía y Normand, sostiene que la negociación colectiva, tal como sucede en el sector de construcción civil, se asoma como una alternativa.

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Explica que para ello es importante que “cada empresa o gremio establezca con sus trabajadores o sindicatos las dimensiones del salario que les corresponde, pero teniendo en claro que el Estado no puede establecer cuánto se debe pagar, sino que debe estar en línea con la remuneración mínima vital (RMV) vigente”.

Pero, de mantenerse vigente la remuneración mínima diaria unificada (RMDU), que también se asoma como alternativa, el abogado recomienda que además de comunicar mejor lo que conlleva este tipo de salario, los empleadores podrían desagregar los conceptos que incluye como CTS y gratificaciones, en la boleta que recibe el trabajador.

RÉGIMEN GENERAL

Otra alternativa, según el experto, es equipararlos al régimen general. En este caso, Armando Gutiérrez sugiere explicarles bien a los trabajadores las repercusiones de incorporarlos a ese sistema porque terminarían recibiendo menos dinero del que ganan en la actualidad.

“Mientras en el régimen agrario, los trabajadores al año ganan S/14.108,40, en el régimen general recibirían menos, alrededor de S/14.098”, detalla.

Sobre esa posibilidad, Brian Ávalos, laboralista de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, refiere que aunque el régimen general no es la solución a los reclamos de los trabajadores, sí se debe reforzar la fiscalización para que se respete las jornadas de trabajo, tanto a los formales como a los informales.

“Nadie tiene que inventar o crear nada, solo se debe hacer cumplir la ley y hacer respetar la jornada de trabajo, porque nadie puede trabajar más de 48 horas semanales y menos sin que le reconozcan las horas extras. La Sunafil tiene que hacer que se cumpla esa jornada porque si no se cumple, el valor por hora es ínfimo”, afirma.

INFORMALIDAD

Sobre los problemas del derogado régimen agrario, sostiene que pese a que no se trataba de un mal sistema, su principal dificultad siempre fue la informalidad.

“Así se haga una negociación colectiva o una nueva ley, solo se va a cubrir a un porcentaje mínimo de trabajadores. El régimen agrario no era un mal régimen, el tema es que nos ganó la informalidad, que es principal problema, y nos sigue ganando la batalla, sobre todo si estamos más lejos de la ciudad”, apunta Ávalos convencido de que la derogación de la norma nos deja –como dicen en AGAP– en un limbo.

Añade que el haber derogado la norma nos deja en un limbo. “El régimen agrario era perfectible, y ante la desinformación total algunos sectores se han aprovechado motivados por el interés político, sin darse cuenta que aun cuando modifiques la norma, no se va a cambiar nada porque más del 90% de empresas en este sector sigue siendo informal”, precisa.

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