Leonie Roca: “Los contratos pueden ser vulnerados en cualquier momento”

Hace poco, el Tribunal Constitucional ordenó a la empresa Rutas de Lima suspender el cobro del peaje en Puente Piedra. Leonie Roca, presidenta de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura (AFIN), explica sobre las consecuencias que podría tener esta decisión.

¿Qué significa para la inversión en infraestructura que el Tribunal Constitucional suspendiera el cobro de los peajes?

Esto significa que los contratos pueden ser vulnerados en cualquier momento. Con una decisión como esta, el Perú se vuelve un país más riesgoso, con menos seguridad jurídica.

¿Es decir que aleja las inversiones privadas, que el año pasado cayeron en el país?

Definitivamente que esto puede suceder, pues sucede que, a mayor riesgo, estas inversiones exigirán más rentabilidad, o en todo caso lo que podría pasar es que vengan inversionistas menos sólidos.

Y esto justo pasa cuando lo que se necesita es mayor desembolso en infraestructura…

Por eso, lo que necesitamos son dos cosas con urgencia; por un lado, la seguridad jurídica y, por otro, equipos solventes. Sin estas dos cosas no lograremos avanzar.

¿No se podrá cerrar entonces la brecha de infraestructura de la que siempre se habla?

Así es, porque hay una falta de predictibilidad, hay inseguridad jurídica, no tienes funcionarios estables y profesionales. Esas tres cosas nos juegan en contra para la reducción de la brecha.

Mira: Los “pecados” del Gobierno que no contribuyen con la reactivación

¿Le parece que ningún gobierno hizo algo al respecto en ese sentido?

En el tema institucional, el deterioro ya tiene más de siete años. Sucede que la crisis política y los intentos por copar con partidarios el Estado han sido críticos y llegaron a su máxima expresión con la gestión de Pedro Castillo.

¿Y en materia de seguridad jurídica?

En el tema de seguridad jurídica, tengo la impresión de que lo que ha hecho el Tribunal Constitucional y la posición de nuestras autoridades municipales con respecto a un contrato de concesión, así como el desenlace que ha tenido el proyecto Majes, son precedentes nefastos para el país.

¿Se corre el riesgo de que suceda lo mismo con otros contratos?

Esperemos que no sea así.

¿Qué es lo que se pide entonces a las autoridades?

Claridad y firmeza para defender la Constitución y su artículo 62 (que habla de que los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase). Pedimos la inviolabilidad del fuero arbitral. A eso hay que sumarle que se armen equipos solventes y estables de contrapartes públicas para la inversión privada. Toda inversión requiere trámites, permisos, licencias, estudios ambientales y esto no es visto por gente competente, estable y que hace su trabajo profesional y oportunamente. Esto va para toda autoridad, que jura en sus cargos para respetar y defender la Constitución.

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