El desarrollo territorial mejoraría el aporte minero

En un periodo de poco más de 20 años, los espacios territoriales en los que se ha desarrollado la minería han recibido más de S/65,000 millones.

Sin embargo, estas medidas no han tenido el impacto esperado: los conflictos sociales han paralizado proyectos mineros y la situación de los distritos en los que se desarrolla esta actividad respecto a los demás no es significativamente mejor, concluye una investigación del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), plasmado en el libro Desarrollo Territorial y Minería.

“Los distritos mineros se han desarrollado y han mejorado sus indicadores. Hablamos sobre la pobreza, desigualdad y desarrollo humano, pero no de la manera notable que esperaríamos respecto a los distritos no mineros”, dijo Raúl Molina, exministro de Gobernanza Territorial y uno de los coautores del libro.

“La diferencia (en bienestar) no es lo suficientemente relevante para la cantidad de dinero que se ha destinado no solo vía canon, sino en inversión pública y la propia inversión social que hacen las empresas”, agregó.

Además de Molina, el trabajo tiene como autores a Carolina Trivelli, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos; Darío Zegarra, primer vicepresidente del IIMP; y, Paola Bustamante, directora de Videnza Consultores.

“La evidencia que presentamos de los territorios mineros confirma que hemos experimentado un crecimiento económico; sin embargo, tenemos una brecha persistente de baja institucionalidad y cohesión social”, añadió Zegarra.

El libro propone como alternativa de solución la aplicación de una política de desarrollo territorial que permita mejorar la situación del área geográfica de la operación minera a partir de sus potencialidades.

Esto conllevaría a tener una economía más diversificada que además de la minería, incorpore la agricultura, la ganadería, los servicios, el comercio, transporte y el turismo, así como la inclusión de una mayor población del territorio.

Además, dicho desarrollo territorial debe abarcar un proceso multiescalar, es decir, cuando los distritos de las operaciones mineras no ofrecen el suficiente potencial de futuro para construir esa economía más diversificada, se requiere mirar al distrito minero en una estructura territorial mayor, mejor vinculada a los mercados urbanos y a otros distritos que pueden ofrecer potencialidades complementarias.

Según el trabajo, para llevar a cabo ese desarrollo territorial se requiere la construcción de una gobernanza territorial, que implica la generación de capacidades de todos los actores del territorio para hacerse cargo de sus procesos de desarrollo.

Por ejemplo, los roles de los actores del gobierno deben cambiar tanto del sector público nacional externo al territorio como el sector público del territorio (gobiernos subnacionales).

El otro gran actor de esta gobernanza es el sector privado, que está conformado por la gran empresa minera, así como el resto de empresas tanto pequeñas como microempresas.

También, participa la sociedad civil conformada por la ciudadanía organizada, que son las organizaciones de base y las de segundo y tercer piso que son las que intermedian en los procesos de diálogo. Por último, figuran como actores la academia (o sector del conocimiento).

En cuanto a recomendaciones, el libro realiza propuestas como la prevención de conflictos sociales por parte del sector público.

“Es necesario que el sector público cumpla un rol de eficiencia en los espacios en los que se desarrolla la minería. Estos espacios se dejaron pendientes en el tiempo en tanto llegaba la inversión minera y se generó la expectativa de que todos los problemas se van a solucionar cuando llegue la mina”, anotó Bustamante.

La investigación también recomienda contar con una política nacional de desarrollo territorial.

Por el lado de las empresas, propone que la noción de territorio a definir debe ser más abierta para determinar las escales territoriales con las que debe vincularse.

El libro fue presentado en una mesa moderada por Carlos Diez Canseco, gerente general del IIMP.