¿Cuáles son los riesgos y ventajas de que los privados puedan comprar vacunas?

En conferencia de prensa, la premier Violeta Bermúdez confirmó que las vacunas contra el COVID-19 serán gratuitas para toda la población a nivel nacional. Sin embargo, respondió a la posibilidad de compra y venta de vacunas por parte del sector privado: “la teoría de las normas lo permiten, pero estamos en un mercado de escasez de vacunas en el mundo, por eso estamos negociando”.

A su vez, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, subrayó que la ley permite que el sector privado importe y venda vacunas en el país, y que dicha posibilidad está en evaluación y no se ha descartado. Pero añadió que lo que no se puede es que un grupo aproveche económicamente la necesidad.

“Hay una condición, que se cumpla el artículo No. 234 del Código Penal, que si lo hicieran, no pueden vender a un precio mayor que lo que costaría en el sector público”, apuntó. En esa línea no descartó que boticas y farmacias puedan ser espacios donde se distribuyan vacunas.

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Al respecto, Enzo Defilippi, viceministro de Economía y docente de la Universidad del Pacífico, señaló que lo planteado por el ministro de Salud tiene un componente de eficiencia, porque en la medida que más gente esté vacunada, mejora la inmunidad de todos los peruanos, “por lo tanto, es de interés que se vacune a la mayor cantidad de gente lo más rápido posible”.

El economista acotó que la participación del sector privado en la vacunación descargaría la demanda que tiene el sector público.

Refirió que al principio se vacunarán los que tengan mayor capacidad de pago, pero eso no quiere decir que los que no son ricos no puedan vacunarse. Lo importante aquí, para que haya equidad, es que el Estado vacune lo más rápido que pueda. Y la iniciativa del sector privado sería como un adicional. Esa es la lógica, apuntó.

Por su parte, Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), se mostró en contra de la propuesta y manifestó su preocupación al considerar que, aunque parece algo fácil, no lo es porque el Estado tendría que fijar un precio tope a las vacunas que comercializarían las empresas privadas.

Pero si las vacunas del Estado son gratuitas, ¿cuál sería entonces ese precio tope? Otro riesgo es la posibilidad de que el Estado pueda ser denunciado por alguna empresa por establecer precios controlados, aduciendo que ello es un atentado contra el libre mercado, precisó.

Para Cáceres, otro problema que se podría generar es un mercado negro de vacunas, con la posibilidad que ingresen al país fármacos sin la calidad debida. Advirtió que se podría llegar al extremo de que únicamente quien tiene dinero se vacunaría y quien no lo tiene quedaría al margen. A su vez, recordó que otros países más desarrollados, con mejores sistemas de control, no han privatizado la vacunación.

Al ser consultado sobre si los privados deberían participar de la distribución, Cáceres manifestó que sí estaría de acuerdo, y para tal efecto suscribirían los contratos respectivos con el Estado. “El problema es la importación y venta al público porque ha quedado demostrado que el Estado carece de capacidad para fiscalizar lo que ingresa”, añadió.

VACUNAS POR IMPUESTOS

Karen Ángeles, consejera y especialista del área regulatoria del estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados se sumó a lo planteado por el ministro Ugarte al remarcar la colaboración que debe haber entre los sectores público y privado en esta segunda fase de vacunación. Señaló que la forma en la que se debe aplicar hay que estudiarla, porque una es la venta directa de las vacunas, y otra opción es la de vacunas por impuestos, hay que ver cuál es la más transparente sin vulnerar las normas vigentes, dijo.

Cuando habla de vacunas por impuestos, lo que propone Ángeles es que, así como existe una regulación de Obras por Impuestos para proyectos de inversión pública con financiamiento privado, esto también se dé en la emergencia sanitaria. Que la inversión que las empresas hacen a favor del Estado para traer vacunas o para implementar plantas de oxígeno, sea reconocido en un certificado digital para descontar ese aporte del Impuesto a la Renta.

“Lo importante es que las empresas puedan financiar no solo la compra de vacunas, sino también los traslados y la inoculación de las vacunas, es decir, que llegue al ciudadano. Y que dicha inversión sea reconocida. Esa es la idea de vacunas por impuestos”, puntualizó a la vez que detalla que debe haber una reglamentación clara para que no haya incidentes.

Sobre la propuesta, Enzo Defilippi comentó que habría que ver cuál es el problema que se quiere solucionar. Si es un problema de capacidad de compra, o si es logística de la implementación, el Estado tiene toda la capacidad de contratar a la empresa correcta para que dé ese servicio. E incluso tiene marcos especiales por la pandemia.

“¿Qué podría hacer el sector privado por sí mismo que no pueda hacer contratado por el Estado? Primero plantearía bien el problema, analizaría exactamente qué está fallando y luego plantearía una solución”, expresó.

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