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Autorregulación, denuncia ciudadana y tecnología entre las alternativas para hacer cumplir la Ley de Promoción Agraria
Juan Manuel Benites y Karla Gaviño analizan los puntos claves para asegurar el cumplimiento de las normas laborales en las empresas agroindustriales.
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La comisión multipartidaria del Congreso de la República, encargada de la elaboración de la propuesta de la nueva Ley de Promoción Agraria, ya tiene un proyecto de ley inicial que se viene debatiendo. Sobre la mesa está la mejora de las condiciones laborales.
¿Cómo se velará por el cumplimiento del aspecto laboral en esta nueva ley? Teniendo en cuenta que muchas veces la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) no se da abasto, se pueden barajar otras opciones.
El exministro de Agricultura, Juan Manuel Benites, señaló que una de las condiciones elementales para que funcione bien una economía de mercado, como la que tenemos, es que el Estado cumpla un rol regulador y fiscalizador. Y si el Estado, por alguna razón, no está en capacidad de hacerlo, eso puede propiciar un escenario para una mayor informalidad.
Como alternativa, el experto señaló que también existe la capacidad de autorregulación, “entendiendo que los empresarios se den cuenta que es una norma que tiene beneficios y que les es favorable con una serie de impactos positivos”. Pero lo óptimo sería que cumplan la norma sin necesidad que alguien los esté persiguiendo.
Sin embargo, apuntó Benites, por lo visto en las manifestaciones del sur, no queda otra cosa que tener una capacidad coercitiva por parte del Estado para hacer cumplir las normas. Otra opción sería buscar una solución que involucre la participación ciudadana.
“Si dejamos que el Estado lo haga todo, vamos a tener limitaciones. Debemos buscar opciones como denuncias ciudadanas, o que los propios empresarios formales puedan denunciar a empresas informales, y establecer un mecanismo más dinámico que no sea exclusivamente el Estado que llega a la puerta de una empresa”, precisó el exministro.
Asimismo, propuso el uso de tecnología. Hoy en día, dijo, las grandes agroindustrias usan drones y GPS para saber qué trabajador estuvo en qué parcela y cuántas horas. En esa línea, cree que el Estado debería ser lo suficientemente versátil para adquirir esa tecnología, y cruzarlo con planillas electrónicas, para saber si hay algún manejo informal.
Para Benites, deberíamos haber aprendido la lección. Indicó que los empresarios que han tenido grandes éxitos dentro de la formalidad deberían estar preocupados para colaborar con el Estado para que los que han estado fuera de la formalidad no sigan generando daños.
“Sobre todo en un sector que, para mí, no es solo una realidad, sino que es una gran promesa para el futuro en términos de generación de riqueza para el país”, apuntó.
REFORZAR SUNAFIL
En tanto, Karla Gaviño, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, mencionó que hay aspectos por mejorar de Sunafil, en cómo realiza sus fiscalizaciones, pero no cree que estemos en el escenario de sugerir una autoridad o entidad distinta para que realice la supervisión.
Más bien, refirió que se le debe apoyar y darle las facilidades a Sunafil para que ejerza de la mejor manera su rol. Con iniciativas como aumentar el número de inspectores o acercarse a las zonas agrícolas con cierta frecuencia para ver la realidad de estas empresas, no solo las que están ubicadas en ciudad.
“Podría haber escenarios donde no se esté acatando la norma, y la Sunafil tendría que ser más presencial, con una mayor llegada de personal que llegue al campo, y también capacitar a este personal para que conozca cómo funciona este sector”, manifestó Gaviño.
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