La frontera sur entre Perú y Bolivia se ha convertido en un punto vulnerable donde transita sin control el paso de mercancías de contrabando a gran escala. Vehículos repletos de cigarrillos, ropa usada, combustibles, entre otros productos procedentes del país altiplánico circulan a diario y a plena luz del día, evadiendo a las autoridades.
El distrito de Tilali, al norte del Lago Titicaca, está alcanzando niveles alarmantes de actividad ilegal, ya que por allí se han trazado las nuevas rutas del contrabando que usan las mafias del crimen organizado en una zona que debería contar con el control de autoridades como aduanas y policía.
Un equipo del programa periodístico Cuarto Poder se infiltró en las rutas del contrabando en Puno comprobando que los caminos para evadir los controles oficiales son bien conocidos y utilizados. "Las fronteras del país son territorios liberados. La frontera de Perú con Bolivia se ha perdido totalmente el control y esto es utilizado precisamente para las economías ilegales", aseveró Rubén Vargas, exministro del Interior.
El contrabando se ha intensificado transformándose en una práctica criminal sofisticada. Las “culebras”, convoyes de vehículos resguardados por criminales armados que garantizan la llegada del cargamento sin ser interceptados, era método previo de transporte de mercancía ilegal. Sin embargo, hoy se almacena combustible boliviano de contrabando en bidones que permanecen a vista de todos, incluso, como se evidencia en el reportaje, en la puerta de Juzgado de Paz, sin temor a ningún tipo de intervención
Claudia Linares, presidenta de la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) destacó la gravedad del problema. “Ya ni siquiera existe la modalidad ‘Culebra’. Y en este punto, las organizaciones que están detrás del contrabando han logrado tener niveles de sofisticación que hacen que tengan una cadena de distribución impresionante”, afirmó.
El contrabando es una pieza de todo este esquema de comercio ilícito que luego termina dimensionándose en todo este esquema de organizaciones criminales que están detrás y que se financian con el contrabando, con la piratería, con la falsificación”, añadió.
Perú pierde más de US$ 600 millones al año
Se estima que Perú pierde al año 600 millones de dólares solo por contrabando. El comercio de cigarrillos ilícitos y de ropa de segunda mano son negocios florecientes que debilitan la economía peruana. Estos productos están entre las principales mercancías incautadas por las autoridades y son utilizados por las organizaciones criminales pues les permiten generar ingresos de manera rápida.
En el caso de los cigarrillos por ejemplo, en Lima, una cajetilla con 20 cigarros puede costar hasta 20 soles; mientras que en la frontera de Perú-Bolivia, un blíster de 10 cajetillas de este producto adulterado cuesta solo 50 soles. La ganancia por vender estos productos es significativa para las organizaciones criminales.
Según un reciente estudio de la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito de la SNI, en el Perú, 7 de cada 10 cigarrillos son de contrabando, provienen desde Paraguay y siguen ruta a través de Bolivia para ingresar por Puno. Por otro lado, la ropa usada proviene de EE.UU. y China en su mayoría, ingresa a través de Iquique, pasa por Bolivia e ingresa a nuestro país por Puno.
Moviliza una red de corrupción
El contrabando en Perú ya no es un simple delito aduanero; es una grave amenaza para la seguridad nacional que financia redes criminales transnacionales y socava la economía del país.
Su conexión con el narcotráfico, la trata de personas y la minería ilegal es cada vez más evidente. Los hechos descubiertos demuestran que el contrabando, al movilizar una red de corrupción y contactos de apoyo, contamina la sociedad y crea un sistema de reciprocidad para reproducir lo ilegal.
Según estimaciones de la Contraloría, el Perú perdió más de S/ 24.000 millones por corrupción en el 2022. Esta corrupción se relaciona con mafias que controlan territorios, rutas y personas, y que crecen con el debilitamiento de las instituciones estatales y la inestabilidad política.
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