La ola de extorsiones que azota al país ya ha sido motivo de estudio. Una investigación realizada por Erika Solís, investigadora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP, recopiló una serie de datos alarmantes, de diferentes instituciones nacionales, sobre cómo está afectando esta modalidad delincuencial a los peruanos.
Transportistas, choferes, bodegueros, empresarios, emprendedores y hasta vendedores ambulantes y comedores populares, se han convertido en el blanco de lacras sociales que les exigen sumas de dinero, a veces absurdamente altas, a cambio de no atentar contra sus vidas o las de sus familiares.
Una situación, que no parece estar controlada o siquiera atacada por las autoridades y el gobierno de Dina Boluarte, propició que gremios de Transportistas, apoyados por otras organizaciones de trabajadores, salieran a las calles a protestar y exigir cambios legales y estratégicos.
"Un recurso habitual contra la alta inseguridad ciudadana es la declaración de estados de emergencia. Es una herramienta poco útil y eficaz, ya que si no es acompañada de estrategias claras y especializadas contra la criminalidad solamente incide sobre la percepción de la comunidad: las personas se sienten más cuidadas, pero ello no necesariamente es cierto. El estado de emergencia es una suerte de placebo, un recurso que no aborda las causas estructúrales de la criminalidad y la violencia", refiere la investigadora Erika Solis.
¿CUÁNTO LE CUESTA AL PERÚ LAS EXTORSIONES?
Según la Cámara de Comercio de Lima y la Confiep, más de 6 mil millones de soles anuales se registran en pérdidas económicas por delito de extorsión. En general, la inseguridad nos cuesta 3.5 % del PBI, lo que equivale a S/ 35 mil millones.
Por dar un ejemplo, según la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), son casi 300 obras de construcción paralizadas o afectas por la extorsión y la delincuencia. Esta situación ocasionó que se registraran S/ 1000 millones en pérdidas solo en el primer semestre del 2024.
"La herramienta utilizada es el terror, la constante amenaza a la vida e integridad de las personas, por lo cual en muchos casos muchos pequeños negocios deciden cesar sus actividades con perjuicio para ellos y sus familias, y también para la economía del país. Por ello, se hace urgente en la agenda del gobierno afrontar esta problemática", sostiene la investigadora.
LAS PRINCIPALES VÍCTIMAS
En el informe de la PUCP, en promedio, son 15 mil soles mensuales de extorsión que se les pide a las empresas, llegando incluso a duplicarse este monto en algunos casos. Además, en lo que va de este año, 7 de cada 10 transportistas son extorsionados.
Los choferes de mototaxis, vehículos de transporte urbano con un ingreso menor, son obligados a pagar S/ 500 semanales. Esta situación y la dificultad para llegar a estos montos generaron que al menos 11 choferes de los populares 'toritos' hayan sido asesinados en lo que va del 2024, según la Asociación de Mototaxistas del Perú.
Al menos la mitad de los 23 mil bodegueros que existen en el país vienen siendo extorsionados en lo que va del año. Mientras que los comerciantes informales de Gamarra pagan entre S/ 100 y S/ 4 mil a las bandas de extorsión a fin de que los dejen trabajar "tranquilos".
Sin embargo, el sector más vulnerable y que insólitamente también es víctima de extorsión son los comedores populares, organizaciones de vecinos con fines de ayuda social a quienes los criminales les exigen sumas de hasta S/ 20 mil mensuales.
"Generalmente, la extorsión no es en nuestros días una actividad delictiva dirigida a sectores de gran capacidad económica, pues estas organizaciones cuentan con herramientas para prevenir y contrarrestar este tipo de actividades con seguridad privada, por ejemplo. Ello hace que las dinámicas de extorsión se focalicen en sectores donde se asegure su operatividad, así como también su rentabilidad. Así, la extorsión a pequeños negocios y a mercados informales es una constante, aunque en muchos casos no se refleja en denuncias, debido a la profunda desconfianza en las instituciones del sistema de justicia", refiere Solis.
NO DENUNCIAN
Ya sea por miedo a las represalias o falta de confianza en las propias autoridades, solo el 25% de las víctimas de extorsión hacen efectiva sus denuncias, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.
"Es simplista creer que con leyes más severas se resuelve la criminalidad, El sistema de justicia necesita recursos, formación y coordinación. Sin eso, cualquier ley queda incompleta. Es necesario un esfuerzo integral con políticas de prevención y fortalecimiento institucional, lo cual toma tiempo y compromiso, no solo cambios legislativos de corto plazo", refiere Solis.
