Cientos de comerciantes y transportistas acataron ayer, desde muy temprano, un contundente paro, apoyado por todos los sectores de la sociedad, en rechazo a la ola de extorsiones y sicariato que asola al país, principalmente en Lima y Callao.
“Si no luchamos juntos, nos matarán por separado”, “Basta de extorsiones y sicariato a emprendedores”, “Queremos trabajar en paz”, “¡Derogar ley 32108!”, se leía en los carteles que los pequeños empresarios, trabajadores y ciudadanos sostenían en sus manos mientras marchaban por la Panamericana Norte, desde los distritos de Puente Piedra, San Martín de Porres, Comas, Carabayllo, Ancón, entre otros, con destino a la Plaza Dos de Mayo y al Congreso de la República.
Comerciantes y transportistas extorsionados paralizan hoy la ciudad
Katherine Gómez, administradora del mercado Huamantanga —cuyas vendedoras salieron a protestar con ollas y cucharones— dijo que al menos 10,000 personas dejaron de trabajar en estos centros de abastos, generando una pérdida de dos millones de soles.
El conglomerado Triángulo Grau acató el paro al 100% debido a que los socios pagan, bajo amenaza, cupos de S/30,000 al mes a mafias de extorsionadores, según refirió a Perú21 José Álamo, vicepresidente de la cámara de empresarios de dicho conglomerado. Sostuvo que si el Gobierno no da soluciones concretas contra el crimen organizado, “apoyaremos un paro indefinido”.
SE SINTIÓ EN TODA LA CIUDAD
Por su parte, el Mercado Central, Mesa Redonda y Gamarra abrieron sus puertas de forma parcial, pero la asistencia de clientes fue mínima. “Gamarra deja hoy de vender 27 millones de soles, pero luchamos por la vida y la paz, que es mucho más importante”, señaló el representante gremial Arturo Zavala durante un banderolazo por el emporio.
A su vez, Román Nazario, presidente de la Cámara de Empresarios de Mesa Redonda —que agrupa a 18 mil locales comerciales—, dijo que el conglomerado abrió sus puertas a un 80%, pero con una asistencia menor al 10%. “Estamos en completa solidaridad con transportistas, bodegueros, que están siendo afectados por la extorsión y el sicariato, pues aquí también sufrimos lo mismo. Esto tiene que solucionarse, perdemos aproximadamente 16 millones de dólares diarios en ventas por un día que no se labora”, explicó.
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En el sur de Lima, la situación fue la misma. Trabajadores varados en los paraderos por largas horas y cooperativas de mercados cerradas, por ejemplo: Ciudad de Dios en San Juan de Miraflores, Plaza Unicachi en Villa El Salvador y Terminal Pesquero en Villa María del Triunfo.
Asimismo, la empresa de transportes Sesosa, que brinda el servicio de Ancón a Surco, paralizó sus operaciones en su totalidad. Uno de los conductores dijo: “Ni un carro ha salido, porque no tienen seguridad para trabajar; nos dan garantía hoy y mañana, pasado, cuando salgamos a trabajar y nos metan un balazo, ¿qué garantía nos darán? El ministro (Santivañez) que se vaya a su casa, muy grande le queda su cargo”, expresó indignado.
El gremio de transportistas, que según el Gobierno iba a brindar su servicio al 85%, también se plegó a la medida de fuerza, pues solo operaron unas cuantas unidades. Esto afectó a los pasajeros que tuvieron que pagar el triple del boleto a los colectiveros o trasladarse en taxi.
Otro importante contingente de víctimas de extorsión marchó por las calles de San Antonio de Jicamarca, en San Juan de Lurigancho. La protesta escaló de nivel y los agentes policiales detuvieron a tres personas.
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Ya, en los exteriores del Parlamento, representantes de transportistas, ciudadanos de a pie y otros emprendedores hicieron un plantón. “Soy víctima de extorsión, no trabajo desde hace una semana. ¿Quién se va a hacer cargo de mi hija si me matan? No podemos seguir callados”, declaró entre lágrimas la dueña de una imprenta a Perú21.
NINGÚN INTERÉS POLÍTICO
El gobierno intentó, una vez más, minimizar el contundente efecto de la paralización. Y, ayer volvió a insistir en que había una motivación política, sin embargo, fueron los mismos ciudadanos quienes rechazaron cualquier intento de algún político interesado en colgarse de su justo pliego de reclamos.
Esta ceguera del Estado llevó a que en la noche, en los alrededores de la avenida Abancay, al menos 100 transportistas se enfrentaron con los policías que resguardaban la zona. Los choferes lanzaron botellas y piedras y se detuvo a dos transportistas que fueron llevados a la comisaría del sector.
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