Cambian prisión preventiva de José Miguel Castro por arresto domiciliario

El juez Jorge Chávez Tamariz ordenó hoy sustituir la prisión preventiva que cumplía el exgerente de la Municipalidad de Lima José Miguel Castro por arresto domiciliario debido a que presenta enfermedades preexistentes y a que en el pabellón del penal donde está recluido se registraron posibles casos de contagio del COVID-19, según la resolución judicial a la que accedió Perú21.

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En mayo de 2019, el Poder Judicial dictó 24 meses de prisión preventiva contra José Miguel Castro, quien es investigado por los delitos de organización criminal, lavado de activos y cohecho al presuntamente participar en la recepción de los US$10 millones que entregó Odebrecht y OAS a la exalcaldesa de Lima Susana Villarán para los procesos de revocatoria (2013) y reelección (2014).

A la fecha, Castro ha cumplido doce meses del plazo establecido y solicitó el cese de su prisión preventiva. El juez Chávez Tamariz rechazó este pedido, pero ordenó de oficio los doce meses que faltan los pase en detención domiciliario, bajo ciertas reglas de conducta. Ese benefició también fue aplicado para Susana Villarán, quien regresó a su domicilio el último miércoles.

Para variar la prisión preventiva, el magistrado tomó en cuenta que José Miguel Castro de 45 años, sufre de asma e hipertensión arterial, según la evaluación médica del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Ambas enfermedades preexistentes, “en el contexto de la pandemia del COVID-19, es letal para su salud y vida”, dice la resolución.

Además, el INPE informó al juez que en el pabellón del penal Miguel Castro Castro, donde se encuentra José Miguel Castro, “hubo internos que fueron evacuados de emergencia a hospitales por presentar posibles contagios de COVID-19”.

El documento también señala que el exgerente municipal ha sostenido hasta tres reuniones con la Fiscalía con el fin de concretar un posible acuerdo de colaboración en la investigación que se le sigue a Susana Villarán por lavado de activos y cohecho. Entre las reglas de conducta impuestas a José Miguel Castro está la prohibición de comunicarse con otro coinvestigado. También deberá pagar una caución de S/20 mil.

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