Rechazan represalias contra fiscal de la Nación

Diversas instituciones y líderes políticos condenaron las represalias que se vienen dando contra el Ministerio Público, luego de que la bancada de Perú Libre (PL) presentara una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para inhabilitarla por ocho años.

La Junta de Fiscales Superiores de Lima Este expresó ayer, en un pronunciamiento público institucional, su rechazo a “cualquier injerencia política, interferencias o represalias de cualquier índole en las funciones que ejercemos los fiscales en representación de la institución”.

Remarcaron que el Ministerio Público tiene únicamente el objetivo de buscar la verdad y combatir la criminalidad, “aún cuando se encuentre enquistada en las más altas esferas del poder, procurando la defensa y protección de la sociedad”. En ese marco, respaldaron las acciones adoptadas por Benavides, que le ha abierto cinco investigaciones al presidente Pedro Castillo.

El decano del Colegio de Abogados de Lima, César Bazán, señaló a Perú21 que “hay una actitud de hostigamiento contra la investigación fiscal” y que se están dando indicios de “una coordinación indebida para obstruir a la Justicia”.

Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, indicó a este diario que la denuncia es “un intento desesperado por frenar las investigaciones contra el presidente y su entorno”.

Pedro Angulo, exfiscal superior anticorrupción, manifestó que existe una clara defensa política del presidente por parte de PL. “No hay una participación de congresistas de distintos grupos sino solo aquellos que apoyan al presidente, entonces más parece una represalia”, declaró a este diario.

El presidente de Alianza para el Progreso, César Acuña, consideró inaceptable el “acoso político y la campaña de descalificación” contra Benavides. “Pretender sacarla del juego mediante una denuncia constitucional es una maniobra vil que no respaldaremos”, manifestó.

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CONTRAVIENE NORMA

De acuerdo al expresidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), Carlos Pérez,la denuncia de PL contraviene artículo 89 del Reglamento del Congreso, dado que ningún miembro de la SAC puede suscribir denuncias y tres perulibristas de esta comisión lo han hecho.

“En la calificación que haga el equipo técnico de la SAC de plano debería descartar la denuncia”, dijo el exlegislador de AP a este diario.

Respecto al contenido de la denuncia, Bazán negó que exista abuso de autoridad porque un fiscal de la Nación puede reasignar a fiscales. Angulo agregó que las personas que están en cargos de confianza se pueden remover y el encargo de un despacho supremo es provisional.

La Defensoría del Pueblo también se pronunció ayer para rechazar el presunto acto de intimidación contra la fiscal Marita Barreto —a cargo del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder que investiga directamente al entorno del mandatario—, quien denunció el último domingo que un dron sobrevoló su casa y la grabó mientras se realizaba la audiencia de prisión preventiva contra la cuñada del jefe de Estado, Yenifer Paredes.

“Resulta imprescindible que autoridades a cargo de las investigaciones de presuntos actos de corrupción realicen su trabajo sin ningún tipo de interferencia y, mucho menos, sin actos de amedrentamiento”, manifestó esta entidad.

El Ministerio Público conduce seis investigaciones fiscales al presidente Pedro Castillo y su entorno más cercano, sindicados de conformar una organización criminal enquistada en el poder.

TENGA EN CUENTA

• Perú Libre pidió inhabilitar por ocho años a Benavides por los presuntos delitos de abuso de autoridad y obstrucción de la justicia.
• La acusan de remover a la fiscal Revilla, quien estaba investigando a la jueza Emma Benavides, hermana de la fiscal de la Nación.

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