[OPINIÓN] Nelson Shack: “¿Dónde se concentra la corrupción en el Perú?
[OPINIÓN] Nelson Shack: “¿Dónde se concentra la corrupción en el Perú?

¿Dónde se concentra la corrupción en el Perú? La corrupción, al ser opaca y clandestina, no deja factura y, por tanto, no podemos llevar la contabilidad de las coimas y, para cuantificarla, entonces usualmente nos aproximamos al problema a través de enfoques basados en percepciones (lo que la gente piensa y cree sobre la corrupción en el Estado) y en lo que han experimentado quienes se han expuestos a casos de corrupción.

Pero hay otra forma de analizarla y evidenciarla, que es la que usamos en la Contraloría General. Nuestras fuentes son miles de auditorías y servicios de control específicos, que nos permiten conocer los miles de casos de corrupción e inconducta funcional concretados con fondos públicos.

Dichas evidencias constituyen una muestra representativa del universo de las operaciones públicas, y nos permiten concluir, por tanto, el tamaño de la corrupción y la inconducta funcional, estimando, con fundamento, el tamaño de la pérdida que esto genera al Estado.

Esto es lo que hacemos desde hace cuatro años en la Contraloría General. Dimensionar el tamaño del perjuicio económico, y con prueba cierta podemos decir, por ejemplo, que, en el año 2021, de los 24 mil 263 millones de soles que se perdieron por la corrupción y la inconducta funcional en el Estado, el 25% correspondió a inversiones, en tanto que el 28% a bienes y servicios y el resto (47%) a irregularidades en la gestión de la planilla y otros gastos.

Sin embargo, tan importante como los montos absolutos son los relativos en función de los recursos ejecutados. Es decir, cuánto se pierde de lo que se gasta, esa proporción se llama tasa de incidencia de la corrupción y la inconducta funcional.

Según los niveles de gobierno, en el caso de las entidades del Gobierno Nacional, la tasa de incidencia ascendió a 10.4%, en tanto que a nivel regional y local las cifras ascendieron a 21.9% y 13.9%, respectivamente.

Si cuantificamos la pérdida monetaria causada por los problemas de corrupción e inconducta funcional, considerando que somos 33 millones de personas, en 2021 cada peruano y peruana en promedio perdió 734 soles, es decir, casi tres cuartas partes de una remuneración mínima vital.

Si territorializamos el Perú en tres grandes macrorregiones, dejando de lado a Lima, obtenemos que en la región sur, conformada por Arequipa, Tacna, Moquegua, Huancavelica, Apurímac, Cusco, Puno y Madre de Dios, cada peruano perdió 436 soles, es decir, el equivalente a 63% más que el promedio nacional.

Y a nivel de la gestión de los gobiernos locales, en el sur la pérdida fue de 209 soles, o sea 58% más que el promedio nacional. En suma, nuestros hermanos del sur perdieron mucho más que nuestros hermanos del norte y del centro.

Pero, por otra parte, la gente en el sur exhibe indicadores de progreso social tremendamente preocupantes con respecto a las familias en el norte. Basta con fijarnos en las cifras del INEI, que señalan, por ejemplo, que Huancavelica registra la tasa de analfabetismo más alta del país con 17.7%, y solo el 38.2% de viviendas cuenta con el servicio de alcantarillado por red pública, mientras que Puno registra una tasa de analfabetismo de 10.5%, y solo el 35.7% de viviendas cuenta con el servicio de alcantarillado por red pública.

Diferente situación viven nuestros hermanos del norte, donde Lambayeque y La Libertad, registran, por ejemplo, mayor cobertura de viviendas con alcantarillado con el 71.2% y 67.9%, respectivamente.

Solo con un Estado presente y activo que conoce y resuelve efectivamente las demandas de la población con transparencia y eficacia, lograremos restablecer la gobernabilidad y el orden social tan necesarios para consolidar nuestro Estado constitucional democrático de derecho, permitiendo así que la “promesa de la vida peruana”, como bien anota Jorge Basadre, caracterizada por el desarrollo integral del país, la explotación racional de sus riquezas, la defensa de su población y la creación de un mínimo nivel de bienestar para cada ciudadano, se haga realidad.

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