Razones por las que volver al sistema bicameral podría ser una muy buena mejora de nuestro sistema político. (Foto: Congreso)
Razones por las que volver al sistema bicameral podría ser una muy buena mejora de nuestro sistema político. (Foto: Congreso)

Por Asociación de Contribuyentes

La es un modelo de Parlamento que puede presentar un Estado, que se caracteriza por tener dos cámaras legislativas para las decisiones inherentes al poder político. En ese sentido, un Congreso bicameral posee una cámara baja, que se le suele llamar “Cámara de representantes o Diputados”, y una cámara alta, conocida como “Senado”.

Las relaciones entre las dos cámaras pueden variar, pero el objetivo principal de contar con este modelo parlamentario es equilibrar el ejercicio del poder para mejorar la calidad en las decisiones legislativas, donde el contrapeso que ejercen ambas limita la autoridad abusiva.

Al dividir su estructura, se procura fortalecer los diferentes sistemas de elección y principios de acción, los cuales por la naturaleza del modelo están relacionados entre sí, forzando a que los criterios y consensos pasen por más “filtros”, y las decisiones sean las más justas y éticamente correctas.

En muchos países la cámara alta tiene una función especial, cumpliendo con el propósito de fiscalizar y, excepcionalmente, vetar decisiones de la cámara baja, forzando a mejorar las propuestas iniciales y reduciendo ineficiencias, incluidas las filtraciones que conllevan a corrupción.

Por lo general, el Ejecutivo envía el proyecto de presupuesto a la cámara baja, donde se discute y aprueba, como primer filtro; luego pasa a la cámara alta para su revisión y aprobación. Así se reducen las sobreestimaciones y propuestas carentes de viabilidad económica.

Por su parte, la mitad de los países que conforman la son bicamerales, tienen amplia capacidad para representar diversos distritos electorales de corte regional, social o étnico; así como su tendencia a impedir la aprobación de leyes defectuosas, a partir de la revisión y seguimiento. Esto a su vez refuerza la vigilancia sobre la acción del Ejecutivo, elemento clave para el contrapeso del poder y una mejor representatividad.

A todo ello, no se puede olvidar que Perú tiene una historia de bicameralidad, que abarca más del 60% de su vida constitucional, factor indispensable para que desde la Asociación de Contribuyentes opinemos que la doble cámara podría ser una muy buena mejora de nuestro sistema político.

Hoy el ciudadano peruano no se siente representado por sus congresistas, ni por ningún otro poder del Estado, llevándolos a una desconexión con sus autoridades, escenario que está gestando un estallido social con las múltiples señales de conflictividad y una elevada percepción negativa hacia el Gobierno actual.

En la región, Perú es el segundo país donde su población está menos representada, con una media de 254,118 habitantes por legislador. Si pasáramos a 190 parlamentarios (60 senadores y 130 diputados), la representatividad subiría a un ratio de 173,870 habitantes por congresista.

Tener dos cámaras no es más caro

Una de las críticas principales a la bicameralidad es que implica mayor gasto, donde citan además la precaria condición económica que atraviesa el país desde el ámbito laboral, salarial y de pobreza, problemas considerados una prioridad antes que una reforma del Congreso.

Analizando el presupuesto en valores nominales, los recursos aprobados para el Congreso en este 2022 es 7 veces mayor que lo dispuesto para 1992. Para hacer un comparativo más justo, considerando la variación monetaria y el costo del dinero en el tiempo, se compara el presupuesto de ambos Congresos en términos reales a precios constantes de 2009. En términos reales, el presupuesto del Congreso actual es casi 3.5 veces mayor que el de 1992, aun cuando este tenía 240 parlamentarios (60 senadores, 180 diputados y 2 senadores vitalicios). Otro factor es que en el Congreso de 1992 el presupuesto total se dividía en 32% para el Senado y 68% para la Cámara de Diputados. Esto amplía el margen para justificar la adhesión de 60 senadores al modelo actual.