Solo el 3% no realiza este tipo de análisis, según EY. (Foto: iStock)
Solo el 3% no realiza este tipo de análisis, según EY. (Foto: iStock)

Redacción PERÚ21

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Según la última encuesta de Cambio Climático y Sostenibilidad de EY, el 97% de inversionistas en el mundo aseguró que la información de desempeño no financiero (donde se incluyen los aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo), es un componente fundamental en la toma de sus decisiones de inversión.

Esta tasa presenta un avance considerable en comparación a los registrados el año anterior. El año pasado era el 22% de encuestados quienes no realizaban estos análisis, hoy suman el 3%, afirmó EY.

“El interés por los factores ambientales, sociales y de gobernanza de las empresas radica en alcanzar objetivos estratégicos a largo plazo. La sostenibilidad puede llegar a ser un factor diferencial que les permitan superar significativamente a sus contrapartes, tanto en términos de mercado de valores como en rendimiento contable”, señaló Nadia Malpartida, gerente de Sostenibilidad y Cambio Climático de EY Perú.

Los principales factores que motivan a las empresas a presentar información no financiera son el cumplimiento de los requisitos regulatorios (90%), demostrar la administración de riesgos (87%) y explicar su estrategia para generar valor para los accionistas a largo plazo (78%), según los encuestados.

Sin embargo, la obtención de esta información no resulta tan fácil para los inversionistas. Más de la mitad (56%) de encuestados afirmó que uno de los principales problemas que vienen enfrentando es que esta información no está disponible o es insuficiente para que puedan realizar una comparación significativa con las de otras empresas.

Para ellos, los buenos informes cuentan con información proyectada a 20 o 30 años, así como con una combinación de métricas y medidas cuantitativas de sus estrategias de sostenibilidad a largo plazo.

Asimismo, el 56% de los inversionistas aseguró que sería muy beneficioso para ellos si los gobiernos, la industria y otros grupos de interés como la Bolsa de Valores, por ejemplo, desarrollaran estándares para la elaboración de los reportes no financieros de las organizaciones.

Argumentaron que los reguladores nacionales son los más adecuados (70%) para liderar la demanda de información no financiera. Otros que aseguran que deberían desempeñar un papel para solucionar esta problemática son las organizaciones internacionales y las ONG (60%).

Solo el 20% de los encuestados piensa que los mismos inversionistas o gremios del sector deberían definir estos lineamientos.

En el Perú, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) exige desde el 2015 que las empresas peruanas que listen en bolsa estén obligadas a presentar un “Reporte de Sostenibilidad Corporativa”, y cabe destacar que desde el 01 de octubre se inició el proceso de consulta ciudadana sobre el proyecto “Reporte de Sostenibilidad Corporativa”, que sustituye al reporte vigente, con el fin de que mejorar la calidad de información y que se ajuste a los requerimientos de los inversionistas y demás grupos de interés.

Para los encuestados, la información no financiera sería muy útil sobre todo si el país llegara a afrontar una época de recesión. Tanto el 80% como el 9% de los inversionistas encuestados, opina que les sería más valiosa o mucho más valiosa, respectivamente, esta información que otras fuentes informativas.

En los tiempos de estabilidad económica, el reporte integrado (89%) y el informe anual (82%) siguen siendo las principales fuentes de información para los inversores consultados. Le siguen los informes de sostenibilidad y responsabilidad corporativa (51%), los realizados por brokers de Bolsa (50%) y la cobertura en medios de comunicación (42%).

Cuando se les preguntó a los encuestados cuáles serían los factores desencadenantes para que descarten una inversión de inmediato, mencionaron al riesgo o el historial de malas prácticas de gobierno (62%), los riesgos en la cadena de suministro vinculados a factores ambientales, sociales y de gobernanza (52%), al riesgo o el historial de malas prácticas de derechos humanos (48%) y al riesgo del cambio climático (47%).