Reforma al revés

En marzo del 2011, durante la gestión de Alan García, el consorcio español integrado por las empresas Montealto, Exeteco y Eulen ganó la concesión para construir y administrar el penal Aucallama, en Huaral, cuya ejecución fue estimada en 90.4 millones de soles. En noviembre del mismo año, ya en la gestión de Ollanta Humala, el entonces ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, anunció que su sector construiría solo dos prisiones.

Sin embargo, la historia fue otra en febrero pasado, tras la fuga de 17 reos de alta peligrosidad del penal de Challapalca, en Puno. Con la anuencia del Gobierno, el nuevo titular de Justicia, Juan Jiménez, decidió tomar otro rumbo en la reforma penitenciaria y desestimó la posibilidad de concesionar, a empresas privadas, la construcción de nuevos establecimientos. "No habrá concesiones de cárceles al sector privado, solo de servicios", dijo en esa oportunidad.

Pero, ¿por qué se dio marcha atrás? Al parecer, el sector Justicia habría tomado en cuenta un informe de la Defensoría del Pueblo dirigido al premier de ese momento, Salomón Lerner, en el cual esta institución plantea recoger las opiniones del Poder Judicial y del Ministerio Público sobre la concesión en mención y establece que un contrato de esa magnitud "no puede ser delegado a un agente privado".

Para la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), el Estado ha fracasado en esa tarea y el mayor perjuicio lo sufre la población, pues está demostrado que es en las cárceles donde se planifican una serie de delitos.