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La observación del presidente Ollanta Humala a la llamada 'ley mordaza' no es por razones de fondo, de evitar el peligro que representa para la libertad de prensa, sino que se sustenta en argumentos de forma, planteando un texto alternativo que mantiene la esencia del proyecto aprobado por el Congreso y que penaliza la difusión de audios.
Así se desprende del oficio remitido por el mandatario y por el premier Óscar Valdés al Parlamento de la República, en el cual señalan que "resulta pertinente que, adicionalmente a la conducta de difusión de las comunicaciones privadas obtenidas ilegalmente, se incluya a las conductas de interceptar y grabar".
Sostienen que el proyecto no abarca la captación y registro de las comunicaciones privadas pese a que lesionan la inviolabilidad de estas y merecen sanción penal.
Sobre la cláusula de exención de responsabilidad, se recomienda precisar que solo se refiere a figuras penales.
También se plantea sustituir la frase "(…) o que contravenga el ordenamiento legal vigente", del último párrafo del proyecto, por la frase "o que sean de interés público". En este punto indican que, en algunos casos, una conducta puede no contravenir la ley, pero sí podría ser de relevancia pública y su difusión debería estar permitida.
"El interés público deberá ser concretado teniendo en cuenta cada caso concreto y a partir de la técnica de la ponderación de determinados criterios que han sido establecidos por la práctica jurisprudencial de los tribunales nacionales e internacionales, así como por la doctrina especializada en la materia", puntualiza el documento.
SE ABRE EL DEBATEDe otro lado, legisladores y representantes de sectores comprometidos con el tema destacaron que la observación presidencial vuelve a abrir el debate sobre la propuesta para penalizar a la prensa.
El tercer vicepresidente del Congreso, Michael Urtecho, dijo que estas observaciones son atendibles y que esto permitirá un mayor análisis.
Mauricio Mulder manifestó que en el debate deberá definirse qué se entiende por "interés público", mientras que Marisol Pérez Tello señaló que tiene que debatirse sobre la autorregulación de la prensa.
Kela León, del Consejo de la Prensa Peruana, resaltó la necesidad de un amplio debate para fijar lineamientos de cómo amparar los derechos a las libertades de información y de expresión.
El asesor legal del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Roberto Pereyra, destacó que se excluya la difusión de las responsabilidades penales.
TENGA EN CUENTATexto propuesto por el Ejecutivo:
Art. 162° del Código PenalEl que ilícitamente intercepta, interfiere, escucha, graba o difunde una comunicación privada será reprimido con pena no menor de dos ni mayor de cuatro años (…)
Está exento de responsabilidad penal el que difunde comunicaciones de contenido delictivo o que sean de interés público, siempre que no haya participado en la obtención ilícita de dichas comunicaciones.
