La Fiscalía ya debe intervenir

Este ya no es un caso de persecución de ideas por ser de izquierda sino un delito de corrupción por el que el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, debe responder ante el Ministerio Público.

El fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, tiene suficientes elementos para abrir otra investigación porque es evidente que está utilizando fondos del Estado para sus fines políticos y personales, aunque esta vez con la ayuda de los ronderos.

Por otro lado, también está demostrado que así empieza la gente corrupta y confesa, y lo peor es que el Estado se demora en denunciarlos y el delito queda en el olvido.

Hay que recordar también que la Contraloría General de la República ya investigó a este gobierno regional por utilizar dinero destinado al sector educativo para los gastos que demandó el paro regional de noviembre del año pasado.

El caso ya debe estar en manos de la Fiscalía.