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Crimen y castigo

Luego de 16 meses conocemos quiénes estuvieron detrás del ‘poto audio’ que llevó a la victoria electoral a la alcaldesa Villarán. Al igual que los más famosos ‘petroaudios’, los autores parecen haberlo grabado de casualidad ya que estaban llevando a cabo otra actividad criminal.

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Fritz Du Bois, La opinión del directorLuego de 16 meses conocemos quiénes estuvieron detrás del 'poto audio' que llevó a la victoria electoral a la alcaldesa Villarán. Al igual que los más famosos 'petroaudios', los autores parecen haberlo grabado de casualidad ya que estaban llevando a cabo otra actividad criminal.

Se trataría de una organización dedicada a la extorsión que, cuando se dio con el audio, habría decidido 'castigar' a un regidor de la actual oposición, quien los habría expulsado de su partido hace algunos años. En todo caso, ahora, la justicia podrá investigarlos y sancionarlos.

Por otro lado, la denuncia llega en un momento adecuado para que los parlamentarios reflexionen sobre la 'ley mordaza' que siguen empujando, la cual seguiría siendo muy mala aun con las modificaciones planteadas por el mandatario Ollanta Humala.

Incluso si ese proyecto de legislación hubiera sido aprobado antes de la elección municipal, todos los medios que publicaron el audio estarían tratando de convencer a un juez del interés público por el que actuaron, bajo el riesgo de que, si no logran convencerlo –o este es presionado–, el responsable sería encarcelado.

Más aún, este diario, ejerciendo autorregulación, se abstuvo de publicar el audio porque no nos pareció que hubiera un interés público de por medio, excepto el intentar favorecer una posición en una elección. Sin embargo, reconocemos que otros medios pueden haber utilizado un criterio diferente en su interpretación. Lo fundamental es mantener la libertad de decisión en la difusión o publicación.Pero lo más lamentable es que el episodio está siendo utilizado para intentar intimidar a la prensa a no denunciar ante el temor de quedar en manos de un influenciable magistrado.

Con lo cual no serán los chuponeadores los castigados, sino todos los ciudadanos, quienes perderán su derecho a la libertad de expresión para que los políticos no sean fiscalizados por los medios de comunicación.